Illueca garantiza que limitará los precios del alquiler en las zonas tensionadas como prevé la Ley de Vivienda estatal

El candidato de Unides Podem Esquerra Unida, Héctor Illueca, ha garantizado hoy que que en cuanto entre en vigor la recientemente aprobada ley estatal de la Vivienda la Comunitat Valenciana, cuya publicación en el BOE es inminente, podrá limitar el precio del alquiler en las zonas en las que el mercado está tensionado.

Illueca, que esta mañana ha visitado el mercado municipal de Xàbia (Alicante), ha destacado que, durante esta legislatura, Unides Podem ha establecido las “bases de un sistema de vivienda público” en la Comunitat Valenciana que ha logrado “ser la guía y referente hacia una Ley Estatal de Vivienda”.

Además, ha anunciado que con esta normativa estatal traslada la pelota a las comunidades autónomas y, en el caso de la Comunitat Valenciana, “Unides Podem ha hecho los deberes y tiene un diagnóstico riguroso con un mapa claro de cuáles son las zonas de mercado tensionadas a lo largo y ancho de la geografía valenciana”, por lo que, según ha afirmado, “al día siguiente de que entre en vigor la norma, aplicaremos todos sus mecanismos y limitaremos el precio de los alquileres mediante una intervención proporcionada para que la juventud pueda tener capacidad de emanciparse a un precio lógico y las familias valencianas más humildes no tengan que dedicar más de un tercio de sus salarios al pago de la vivienda”.

Asimismo, el candidato autonómico de Unides Podem – Esquerra Unida, ha afirmado que “ya no es posible hablar del derecho a la vivienda sin limitar los alojamientos turísticos, que son una causa fundamental del encarecimiento de los alquileres”, de modo que propone limitar las plazas de alojamientos turísticos al 2% del total de la población en las zonas tensionadas.

Además, ha anunciado que con esta normativa estatal se pondrá un tope anual a las actualizaciones y subidas del precio de los alquileres para evitar aumentos descontrolados de las rentas y que se prohibirán los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, al tiempo que “se rebajará la condición de gran tenedor a aquellos que posean 10 inmuebles y lo estableceremos para quienes tengan 5”.

El candidato de la coalición ha avanzado que piensa destinar a las personas jóvenes el 40 por ciento del total de viviendas de titularidad pública que se vayan incorporando al parque público en régimen de alquiler y que se ampliará el parque público de vivienda en alquiler asequible.

De este modo, ha explicado que han planificado la construcción de 4.000 nuevas viviendas en régimen de alquiler para incorporar al parque público en el periodo 2023 – 2027, proceso que se iniciará con la construcción de 1.050 viviendas de protección pública y otros elementos dotacionales dedicados al alquiler, que serán gestionadas a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo.

Paralelamente se creará un marco de colaboración para la construcción y la promoción de 2.750 viviendas de protección pública a través de la fórmula de cesión del usufructo de suelo público y se promoverán 200 viviendas de protección pública en régimen de cooperativas de cesión de uso.

Asimismo, se incrementará el ritmo de adquisición de vivienda para ponerla a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler asequible a través de los instrumentos legales habilitados durante la pasada legislatura, como el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, fórmula con la que se prevé un nivel de compra de 600 viviendas anuales, y ampliando la capacidad de la Generalitat para adquirir viviendas en el mercado libre por razones de emergencia acreditada donde haya una necesidad de vivienda, medida con la que se adquirirán 400 viviendas anuales. También se adquirirán viviendas en el marco del acuerdo entre la Generalitat y la SAREB anunciado en febrero de 2022.

ACOSO INMOBILIARIO

Illueca ha recalcado también que “gracias al decreto contra el acoso inmobiliario que hemos sacado adelante, tenemos las herramientas para luchar contra el hostigamiento inmobiliario” y en este sentido, ha explicado que se dotará de recursos a un cuerpo inspector en materia de vivienda que se encargue de la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente, previendo multas que pueden llegar a los 950.000 euros para sancionar las conductas de hostigamiento y acoso inmobiliario que obstaculicen el derecho efectivo a la vivienda.

“Hemos multado a cinco grandes tenedores por no sacar al mercado 57 viviendas que mantenían deshabitades; este será el nivel de contundencia para que, de ahora en adelante, se corrija el comportamiento antisocial y especulativo en nuestra tierra”, ha garantizado.

La coalición reclamará también la inhabilitación, de manera indefinida, de los procedimientos de desahucio de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en alquileres asequibles, propiedad de la SAREB y sin alternativa residencial y se ampliará la Xarxa Lloga'm para convertirla en una inmobiliaria pública capaz de ofrecer viviendas en régimen de alquiler cuya renta mensual no supere el 30% de los ingresos familiares, al tiempo que incentivarán la oferta de vivienda en régimen de alquiler a través de la movilización de viviendas deshabitadas y consolidará el modelo de vivienda pública a través de la colaboración con las entidades locales.