El grupo de gobierno presenta y aprueba una moción para adaptar la ley de contratos a las administraciones locales
El grupo de gobierno –Compromís, PSOE y EU- presentó y aprobó ayer una moción exigiendo una regulación específica para la administración local en materia de contratación, y en contraposición a la nueva ley de contratos del sector público que, según explican, «se ha redactado de espaldas a los pequeños Ayuntamientos».
La ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público introduce novedades de impacto en el ámbito local, con el nuevo régimen de aplicación de los contratos menores o el procedimiento abierto simplificado y las específicas para las entidades locales y de especial relevancia para los funcionarios de habilitación nacional. «Novedades que dificultan la gestión corporativa contractual», tal y como explicaron desde el grupo de gobierno.
Por ejemplo, se ha rebajado las cuantías de los contratos menores -figura habitual a los ayuntamientos-, y se han multiplicado las exigencias y requisitos procedimentales. «Todo esto supondrá un significativo aumento en la carga de trabajo de los funcionarios municipales, por lo cual es imprescindible contar con mayor dotación de recursos humanos especialistas o profesionales en materia de contratación, hecho que choca frontalmente con la imposibilidad de contratación de personal necesario», dicen fuentes institucionales.
«Otras cuestiones como la obligación de garantizar que los contratistas cumplan con las normas aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas, y a comprobar el cumplimiento de los plazos de pago de contratistas o subcontratistas, en contratos de obras y servicios con valor estimado superior a 5 millones de euros y la prohibición de contratar con empresas que no cumplan los requisitos de contratación mínima de trabajadores con discapacidad, o que no cumplan con la obligación de contar con un plan de igualdad, dificultan, sin lugar a dudas, la actividad local», añaden.
Tal y como defienden desde el grupo de gobierno, los pequeños y medianos municipios no tienen la rápida capacidad de adecuación a todos estas imperativos legales. Por todas estas razones se presentó esta moción, que se aprobó con los votos favorables de Compromís, PSOE e IU, la abstención de PP y CET y el voto en contra de Ciudadanos; y que implica la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Elaborar un nuevo texto normativo más simple, cohesionado y menos voluminoso que facilite la aplicación de los principios que se derivan de las Directivas del Parlamento Europeo que se plasman en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
2. Como consecuencia que la mayoría de nuestros municipios sean de pequeño y mediano tamaño, existe la dificultad de la utilización de los contratos menores en los municipios de menos de 5.000 habitantes por las limitaciones impuestas por la nueva norma, así como por la aplicación de los procedimientos de adjudicación en estas entidades locales, siendo necesario flexibilizar las medidas de contratación de personal al servicio de las Administraciones Territoriales, especialmente la local, mediante una nueva regulación de la Oferta de Ocupación Pública, que permita a los municipios adaptarse a las exigencias de la nueva regulación.
3. Se hace necesario promover una regulación más detallada en relación con la Administración electrónica, así como arbitrar los medios y herramientas TIC para que las entidades locales incorporen la administración electrónica de forma eficaz y eficiente.
4. Comunicar estos acuerdos al Gobierno de España, al Consejo de la Generalitat Valenciana, a las Cortes Valencianas, así como a los grupos políticos de las cámaras estatal y autonómica, a la Federación Española de Municipios y Provincias, y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
