Tras dos archivos judiciales, sigue investigándose el amianto de Imperial
El Alcalde César Augusto Asencio ha informado que tras el incendio de las antiguas naves de Imperial el 6 de octubre de 2011, con la denuncia del Grupo Municipal de EU-Esquerra Republicana, se abrió una investigación por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Elche y por la Inspección de Trabajo, en relación a un posible delito o infracción administrativa contra la salud de los trabajadores, por no contemplarse en la demolición las medidas de seguridad para el tratamiento del amianto que exige la ley.
La investigación de la Inspección de Trabajo fue contestada por los técnicos del Ayuntamiento, explicando su actuación y aportando el Plan de desamiantado aprobado. El 27 de julio el Director Provincial de Trabajo resolvía anular el expediente sancionador por infracción grave y archivar el expediente por haber actuado el Ayuntamiento correctamente.
El Juzgado de Instrucción archivó en dos ocasiones las diligencias de investigación entendiendo el Juez que no había delito, mediante autos de 4 de diciembre de 2012 y de 14 de enero de 2015, autos que fueron recurridos por la Fiscalía alegando que había contradicciones con la denuncia de la Dirección Territorial de Trabajo y que no había Plan de desamiantado en los autos judiciales. Pese a que se realizó una peritación por un ecotoxicólogo forense, que dictaminó el 16 de diciembre de 2014, que el Ayuntamiento había actuado bien, la Audiencia Provincial ordenó que se realizasen más diligencias a instancias de la Fiscalía para aclarar mejor la actuación municipal y de la empresa.
Consecuencia de ello, ha sido el requerimiento de aclaraciones en el Juzgado a los trabajadores, al Ayuntamiento y a la empresa contratada. El Alcalde acudió al Juzgado, el pasado martes 17, citado por la mañana a las doce, y fue recibido por la Juez a la una, por lo que no podía garantizar su estancia en el Ayuntamiento a la hora que ofrecía la Vicepresidenta Oltra ser recibida.
El Alcalde en su comparecencia, aportó los documentos esenciales que no constaban en los autos judiciales y que aclaraban las lagunas y dudas del Ministerio Fiscal. El Alcalde aportó el Plan de desamiantado que había sido aprobado por el Ayuntamiento y autorizado por la Dirección Provincial de Trabajo y la resolución del expediente de la Inspección de Trabajo, anulando la sanción y archivando el expediente.
Estos documentos esenciales no fueron enviados al Juzgado cuando este reclamó el expediente de demolición de Imperial al Ayuntamiento, porque la demolición se gestionó desde el área de Obras, mientras que la resolución del expediente de la Inspección se archivó en el área de Contratación y el Plan de Desamiantado se quedó en la Oficina Técnica, que era la que supervisaba técnicamente la obra. Cuando llegó la petición de información del Juzgado al Ayuntamiento, sólo el área de Obras envió su documentación, que era incompleta, pero era el área administrativa principal en el expediente de demolición, área que desconocía que había otra documentación en las demás áreas cuando contestó al Juzgado.
Tras estas aclaraciones, el Alcalde espera que la Fiscalía haya quedado satisfecha en las lagunas existentes.
