Compromís propone en el Senado aprovechar el momento para reflexionar y alejar a empresas especializadas en vivir del dinero del Estado

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha planteado aprovechar el momento de crisis económica para introducir criterios claros que acaben con las empresas privadas que succionan miles de millones de euros de las cuentas públicas o directamente de los ciudadanos, como consecuencia de concesiones y encargos. “Estas empresas viven de sus contactos políticos, convencen a los políticos de turno con proyectos de todo tipo y socializan todas las pérdidas en los ciudadanos o los Presupuestos Generales del Estado”, ha indicado Mulet, que ha recordado como “a la hora de la verdad la justicia los deja impunes y acaban recaudando más y más dinero sin ninguna clase de escrúpulos, vergüenza ni reparo”.
 
Así, Mulet ha citado como ejemplo a ACS. El Gobierno acaba de entregar a Compromís una copia de la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas que está detrás del pago de 295 millones de euros en concepto de remuneraciones financieras y costes de operación y mantenimiento entre 2012 y 2014, además de la inversión reconocida por 1.350.729.000 euros por el fracasado almacén de gas submarino. “En este documento, cuya existencia se conoció por la contabilidad los socios canadienses de ACS en la operación  y que no había visto hasta ahora la luz, se constata el grado de dominio y dependencia de esta clase de empresas de los Reales decretos, medidas urgentes, peajes, retribuciones y encargos de la administración, lo que eleva los costes sobremanera y de una forma muy arriesgada si lo comparamos con los criterios que cumple la administración y deben cumplir sus trabajadores”, ha señalado el senador. “En el documento consta como, sin ningún rubor, la empresa se autofacturaba a empresas del grupo e hinchaba los márgenes para extraer más y más dinero de un fiasco de proyecto que a la hora de la verdad nadie necesitaba”, relata Mulet.
 
El senador ha recordado que “empresas energéticas, constructoras, de autopistas u otras ostentan numerosas sanciones por amañar contratos y están sangrando a la Administración obteniendo recursos de ella de una forma legal pero probablemente poco rentable para el Estado, sus cuentas y el dinero de los ciudadanos y consumidores”. 
 
El representante territorial de Compromís lamenta además que el Gobierno prefiera mantener un cadáver flotante frente al Maestrat y pagar millones de euros por unas instalaciones que no sirven para nada antes que plantearse su desmantelamiento en condiciones de seguridad y perseguir a quien ha permitido tal desaguisado. “Todo ese dinero sería especialmente útil en momentos de crisis como el que vivimos, cuando son necesarios miles de millones para afrontar rentas mínimas de inclusión, inversiones para salir de la crisis, para sanidad o dependencia, por lo que es necesario abordar esta cuestión, tal y como ocurre con el sangrante caso de los bancos en este país y priorizar a las personas por encima de los amiguetes”, ha añadido.
 
La Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas deja patente las garantías de cobrar con las que operó la empresa para recibir el dinero con el acta de puesta en servicio provisional de las instalaciones, a pesar de su diseño y ejecución erróneos y que generaron más de 1.000 terremotos, así como los intentos de la firma por resarcirse de supuestos gastos con empresas de su mismo grupo, tratar de cobrar a la hacienda pública gastos privados no vinculados al proyecto como asesoramiento económico-fiscal, derechos de emisión, catastro, canon del puerto o de hidrocarburos a pesar de no disponer de factura y otros márgenes intragrupo, sostiene el informe. A pesar de esto ACS ha denunciado al Estado por esta resolución, ya que considera insuficientes y no razonables los casi 300 millones obtenidos.