Prohíben beber agua del grifo en varias urbanizaciones de Castelló al detectar contaminación microbiológica
La Confederación Hidrográfica ha iniciado un expediente por el uso de agua de riego en Penyeta Roja, Tossal Gros y Racó de la Torreta
Las urbanizaciones de montaña de Castellón situadas en las zonas de Penyeta Roja, Tossal Gros y Racó de la Torreta no pueden consumir el agua que sale de sus grifos.
Este es el aviso que ha remitido la dirección general de Salud Pública de la Conselleria de Sanitat a los vecinos de la zona tras realizar una analítica.
Según han indicado desde Sanitat, se ha detectado contaminación microbiológica, por lo que se ha procedido a prohibir el uso del agua para consumo, higiene personal o cocinado, aunque sí se puede utilizar para la limpieza de la casa y el riego.
La situación afectaría a unos cientos de vecinos, ya que algo más de 300 contadores se suministran del pozo privado gestionado por la sociedad civil Pozo Peña Rocha, según han explicado a elperiodic.com desde la propia sociedad.
Es, por tanto, una zona no conectada a la red general pública gestionada por Facsa, que cuenta con un pozo y varios aljibes, uno de ellos el famoso Depósito Verde que domina la montaña.
La sociedad Peña Rocha se creó en 1974 para captar, elevar y aprovechar las aguas del pozo en las fincas rústicas de sus asociados. Sin embargo, el mismo agua de los regantes estaría siendo usada para fines residenciales en las viviendas de la zona.
Así,desde Salud Pública se ha requerido a la comunidad propietaria del pozo “que aplique los tratamientos correspondientes y, una vez que se compruebe que se ha corregido la contaminación microbiológica, se procederá a la retirada de las restricciones”.
Agua de riego en los hogares
El problema inicial radica en que el agua que corre por las tuberías de las viviendas no es agua potable sino agua para el riego y, aunque vecinos de las urbanizaciones realizaban de forma particular analíticas para controlar su calidad, no se puede considerar agua potable al no seguir los requerimientos legales.
Según han indicado desde la concejalía de Transición Ecológica del Ayuntamiento, es esta situación la que denunció hace unos meses la Confederación Hidrográfica del Júcar, que ha iniciado un expediente para frenar este consumo de agua no potable.
Al expediente de la CHJ le ha seguido la actuación de Sanitat, que se ha puesto en contacto con los propietarios para que se ajusten a la normativa y hacer los análisis pertinentes.
En este sentido, desde el consistorio aseguran que se está estudiando la solución que se puede dar al problema, que podría pasar por conectar esta zona a la red general de la concesionaria Facsa.
Por su parte, desde la sociedad gestora del pozo aseguran que Sanitat se puso en contacto con ellos hace dos meses para trasladarles la necesidad de tomar medidas para ajustarse a la legalidad y explican que buscarán una solución para adaptarse, como la implantación de un sistema de cloración para que el agua sea potable.
