Oliver afirma que las tasas judiciales del PP recortan derechos a las mujeres
La concejala socialista señala que las víctimas de malos tratos son obligadas a pagar tasas judiciales de 300 euros para divorciarse de sus maltratadores
Los socialistas de Castellón arremeten contra la imposición de tasas judiciales aprobada por el Gobierno, por considerar que “abrirá una brecha entre ciudadanos con posibilidades de recurrir a la Justicia y quienes no tengan recursos”, afirma la concejala Carme Oliver, responsable de Igualdad del PSPV municipal, que estima que las mujeres serán uno de los colectivos damnificados tras la medida instaurada por Rajoy.
“Los gobiernos son elegidos para buscar la felicidad de las personas a través de sus decisiones y actuaciones, no para dificultar el ejercicio de sus derechos o amenazar sus libertades”, expone Oliver. “La Justicia es un recurso democrático que nos hace iguales, porque permite a los que tienen menos hacer frente a las arbitrariedades y atropellos de los más poderosos”, declara.
“Es intolerable que se pretenda cercenar el derecho fundamental de acceso a la Justicia consagrado en la Constitución”, afirma Oliver. A su modo de ver, la Ley de Tasas Judiciales del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, “disminuye la capacidad de las mujeres para resolver conflictos familiares”. Las mujeres víctimas de malos tratos son obligadas a pagar tasas judiciales de 300 euros para divorciarse de sus maltratadores
“No podemos tolerar que una ley retrógrada disminuya derechos a las mujeres y las sitúe en un plano de dependencia personal como en el franquismo”. “El Gobierno de Rajoy pasará a la historia política como un depredador de derechos y libertades”, indica. Oliver exige que el Gobierno dé marcha atrás y declare exentas del pago de las polémicas tasas a las mujeres víctimas de agresiones por parte de sus parejas.
Los socialistas de Castellón presentaron una iniciativa en el pleno para protestar la decisión del Gobierno de establecer las tasas judiciales. Sin embargo, la mayoría municipal del PP vetó la propuesta. “Bataller se sitúa en el lado de los poderosos y abandona a los necesitados. Es una actitud lamentable en la persona que debería defender los derechos de todos los castellonenses, en especial de los más desfavorecidos”, dice.
