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El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, denuncia que el equipo de gobierno municipal gasta un 12% más de lo que ingresa. Así lo pone de relieve el informe sobre la Cuenta General del ejercicio 2007 que ha elaborado el Área de Gestión Presupuestaria y que se encuentra en estos momentos en exposición pública antes de su aprobación definitiva.

“Las cifras vuelven a poner sobre la mesa la incapacidad del Partido Popular para gestionar una ciudad como Castellón con el suficiente control económico para que la deuda no se dispare”, apunta Calles. El líder socialista dice que “la economía es un caballo desbocado para el alcalde y su equipo económico, que se ven impotentes para afrontar la catástrofe financiera”.

El Ayuntamiento de Castellón acabó 2007 con un grado de cumplimiento de los gastos del 94%, esto es, que de los 174 millones de euros que se había comprometido a pagar ha abonado 164. Por el contrario, sólo ha cobrado el 82% de lo que tenía previsto: 124 de los 152 millones consignados en el presupuesto.

“El Plan Económico Financiero que elaboró el PP se quedará corto para atajar la falta de diligencia de la Concejalía de Economía y Hacienda”, explica Calles, quien insta a Alberto Fabra a aplicar las mismas medidas de contención del gasto público que han puesto en marcha el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, y el conseller de Economía, Gerardo Camps.

No obstante, el grupo municipal socialista duda de la voluntad del PP de hacer cumplir el plan de estabilidad presupuestaria. "Prueba de ello es la contratación del servicio de la Biblioteca del Mar, adjudicado por el Patronato de Turismo hace unos días a una empresa que doblaba la oferta más económica".

La concejala Beatriz Gascó vulneró las pautas administrativas del Plan Económico-Financiero, que establecen una serie de medidas para racionalizar el gasto corriente. En concreto, se establece la obligatoriedad de “dar prioridad a un solo criterio de adjudicación, que será preferentemente el del precio más bajo como criterio de valoración de ofertas en la selección del contratista”.