Mulet pide a la alcaldía medidas cautelares tras la imputación de dos técnicos municipales
El concejal de Units pel Poble-Compromís en el ayuntamiento de Cabanes, Carles Mulet, ha pedido a la alcaldía medidas cautelares respecto a los dos funcionarios imputados por una serie de presuntos delitos, después de que el juzgado de instrucción número seis de Castellón , dentro de las diligencias 000457/2014, citó a declarar al arquitecto municipal de Cabanes, Rubén Bellido Tárrega, y al ex secretario accidental y actual jefe del área de urbanismo de Cabanes, José Vicente Guimerá, el próximo 18 de noviembre como imputados en los presuntos delitos de Prevaricación continuada, falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles, y tráfico de influencias.
Estos están siendo al mismo tiempo investigado por unas Diligencias de Investigación Penal de la Fiscalía (el arquitecto municipal) y otras diligencias abiertas por el Juzgado de instrucción número 2 (el jefe del área de urbanismo), también por casos presuntamente delictivos por su gestión en el ayuntamiento de Cabanes.
Ante la acumulación de casos en los tribunales y la ya imputación formal, el potavoz del principal grupo de la oposición en Cabanes ha pedido que desde alcaldía se estudie la manera para poder tomar medidas cautelares para apartar del área de urbanismo de manera temporal a estas personas, en especial en caso la segunda, ante la gravedad de los hechos "si, guardando siempre la presunción de inocencia, la posible actuación delictiva se ha cometido por su relación en el ámbito del urbanismo, entendemos que la misma persona no puede continuar en el mismo cargo que ocupaba para evitar nuevas irregularidades o que entorpezca la investigación, está claro que en el caso de un arquitecto es complicado reubicarlo, pero en un funcionario sin una titulación específica, sí ".
Mulet ha querido mostrar el máximo respeto personal hacia las personas imputadas, pero ha remarcado que la denuncia se presenta después de ver de manera objetiva múltiples irregularidades que no podían ser casuales ni objeto de error inintencionado, y por ello se ha tenido que recurrir a la justicia, más después de que esas posibles irregularidades fueron expuestas en un pleno, desde alcaldía no se actuara.
