La justicia avala la gestión del Gobierno con los sueldos de Avalem Joves

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Alicante ha fallado a favor del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Alcoy contra la resolución del Ministerio de Trabajo, motivada por una denuncia de Comisiones Obreras (CCOO) sobre los salarios percibidos por las 195 personas contratadas por el consistorio en 2018 a través del programa Avalem Joves.

En una sentencia esclarecedora y contra la que no cabe recurso, el magistrado señala que el consistorio actuó correctamente y pagó los sueldos que correspondía a estos jóvenes, ya que “no es posible comparar al personal laboral con funcionarios públicos”, tal y como defendió desde el primer momento el Gobierno municipal. El juez subraya, además, que “las funciones desempeñadas por los trabajadores jóvenes no tienen nada que ver con las que realizan los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Alcoy que, a efectos de mera denominación, ocupan los mismos puestos”.

El fallo estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento contra el requerimiento de la Inspección de Trabajo de 188.225,43 euros para subsanar las supuestas diferencias de cotización en los contratos de estos trabajadores y que el consistorio se vio obligado a pagar para mantenerse al corriente de sus deudas con la Seguridad Social. Ahora, la justicia reconoce al Ayuntamiento el derecho a que se le devuelva esta cantidad íntegra, así como los intereses generados, tal y como se demandaba.

Tras conocer esta sentencia, el concejal de Personal, Alberto Belda, subraya que el Ayuntamiento de Alcoy ha actuado avalado por los informes técnicos y motivado por la defensa de los intereses económicos del consistorio. El edil añade que “siempre hemos pagado lo que correspondía a estos trabajadores, en relación a sus funciones y a las tareas que desempeñaban”. Por este motivo, explica Belda, el Ayuntamiento decidió no abonar las diferencias salariales que reclamaba CCOO en una denuncia a la que se sumaron desde el Partido Popular y Guanyar.

El edil aprovecha para recordar las críticas vertidas por ambos partidos de la oposición sobre este asunto. “Forma parte de su estrategia de tergiversar la realidad para convertir cualquier cosa en un arma contra la gestión de este Gobierno, sin importarles realmente ni el interés ni el beneficio de la ciudad”.

Según Alberto Belda, “el PP nos ha acusado de ‘abandonar a los jóvenes’, cuando este gobierno ha sido el que más ha hecho para dar oportunidades a este colectivo con tantas dificultades para introducirse en el mercado laboral, que es lo que de verdad debería preocupar a los populares”.

“Tal y como los datos reflejan, muchas de estas personas han tenido nuevas ofertas a raíz de estos contratos, que no se entienden como una manera de incrementar los recursos laborales del Ayuntamiento sino como una herramienta para colaborar en el aprendizaje y en la inserción profesional de estos jóvenes. Lo que hicimos fue ajustarnos a lo que marcan las bases de estas subvenciones y al convenio colectivo del personal laboral de este Ayuntamiento, actuando siempre de forma correcta y legal. Afortunadamente, no hacemos caso a lo que dice el PP y el tiempo nos acaba dando la razón”, añade el edil.

Respecto a Guanyar, cuya portavoz manifestó que no entendía por qué el Ayuntamiento llevaba este asunto a los tribunales y acusó al Gobierno de pagar a los trabajadores “menos de lo que les correspondía” y de “faltar el respeto a los derechos laborales”, Alberto Belda responde que “siempre hemos actuado desde el más absoluto respeto a los trabajadores, pagándoles en función del trabajo que desarrollaban y de sus funciones. Entendíamos que teníamos razón y que se había actuado correctamente según los informes técnicos. Por eso acudimos a la Justicia, porque es lo que toda Administración está obligada a hacer para defender legítimamente sus intereses y los de la ciudadanía”.