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Alboraya incorpora a sus servicios Justiprop para orientar a la ciudadanía en materia jurídica

Alboraya incorpora a sus servicios Justiprop para orientar a la ciudadanía en materia jurídica
  • El Ayuntamiento busca facilitar al vecindario la comprensión de las gestiones jurídicas con profesionales del Colegio de la Abogacía de Valencia

El Ayuntamiento de Alboraya pondrá en marcha el servicio Justiprop en el mes de mayo, un nuevo servicio de orientación jurídica de proximidad para la ciudadanía. La concejalía de Servicios Sociales es el área encargada de gestionar el servicio, que dará acceso a la ciudadanía a información y asesoramiento a los vecinos y las vecinas del municipio.

El servicio, prestado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia, estará en funcionamiento a partir del 2 de mayo en el centro de Canónigo Juliá. La atención al público se prestará todos los jueves de forma presencial por la tarde, en horario de 16:00 a 20:00 horas. Para acceder a Justiprop, es necesario solicitar cita previa, que podrá solicitarse en la recepción del Centro de Canónigo Juliá, o llamando al teléfono 96 186 93 50.

A través de Justiprop, se informará de los servicios que presta la Generalitat Valenciana y otras administraciones y organismos públicos en materia de justicia, mediación, asistencia a las víctimas del delito y protección de derechos. En segundo lugar, el personal de este servicio asesorará y orientará jurídicamente con carácter previo al proceso. Finalmente, también prestará apoyo para realizar consultas electrónicas de trámites judiciales o administrativos en materia de justicia.

La concejala de Servicios Sociales, Susana Cazorla, ha valorado positivamente la implementación de este novedoso servicio: "Nuestros vecinos y vecinas van a tener un servicio de información, acompañamiento y asesoramiento a su alcance que les ayudará a acceder a todo tipo de gestiones jurídicas. Son procesos que desconocemos en la mayoría de ocasiones, por lo buscamos facilitar su comprensión".

Esta herramienta se presta con la supervisión y financiación de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, así como con la colaboración del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía.

 

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