El Ayuntamiento se retrasa dos años en pagar a los expropiados del IES y uno ya ha pedido la retasación de los terrenos
El PP denuncia que la mala gestión del equipo de gobierno ha supuesto un desembolso de 4 millones de euros
El portavoz y candidato a la alcaldía del PP, Enrique Ortí, denuncia que el retraso del Ayuntamiento de Xirivella en pagar a los expropiados de IES Gonzalo Anaya va suponer al Consistorio un nuevo sobre coste.
Según denuncia el PP, el Ayuntamiento ha tardado más de dos años en pagar a los expropiados. Transcurrido ese tiempo los afectados pueden pedir una retasación de los terrenos. Uno de los propietarios ya lo ha pedido por considerar que el precio del suelo ha subido desde que lo valoraron hasta la actualidad.
La expropiación de los terrenos del instituto comenzó en el 2002. La zona afectada era de 28.906 metros cuadrados. El Ayuntamiento decide pagar a 12 euros el m2. En el 2004 el Jurado Provincial de Expropiación determina un justiprecio de 60 euros el metro, y el Ayuntamiento paga a los propietarios.
Sin embargo, el precio determinado es recurrido por los afectados y en el 2008, la sección tercera de la sala contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia decide que el precio que el Ayuntamiento debe pagar es de 123 euros el m2.
Desde entonces y hasta la actualidad el Consistorio no ha pagado a los propietarios la diferencia entre los 60 euros por metro pagados y los 123 estipulados por el TSJ. Por lo que ya hay un afectado que se ha acogido al derecho de retasación, al considerar que el precio de la zona ha subido. y podrían sucederle muchos más.
Según denuncia el PP, “la mala gestión del Consistorio ha supuesto un grave daño en las arcas municipales. Lo que un principio iba a costar 346.872 euros ahora asciende a 4.000.000 euros, dinero al que habrá que sumar los intereses de demora y la nueva retasación, en caso de ser aceptada”.
Según Enrique Ortí, “lo que debería haber hecho el equipo de gobierno es llegar a un acuerdo con los propietarios y no acudir a la expropiación. Además si el equipo de gobierno hubiera pagado sin retrasos la sentencia del TSJ se habría evitado la retasación y los intereses de demora, que va a suponer un sobre coste añadido”:
