Ximo Puig propone 75 medidas para la reacción democrática “más ambiciosa de la democracia”
El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, asegura que “nuestras propuestas de empleo no serán creíbles si no recuperamos la confianza en las instituciones y en los políticos”
Todos los estudios sociológicos están poniendo de manifiesto la gran desafección que hay entre los ciudadanos y la política y las instituciones en general. Bajo la premisa de que “los políticos no ganaremos credibilidad hasta que tengamos claros gestos de transparencia y de apuesta por potenciar una mayor participación de los ciudadanos”, el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha presentado esta tarde en la reunión de la Permanente de la Comisión Ejecutiva Nacional, un borrador de la Propuesta de Reacción Democrática, compuesta por 75 medidas que convierten el documento en la apuesta “más ambiciosa de la democracia”. Este documento será remitido posteriormente a todos los miembros del Comité Nacional para que hagan sus aportaciones hasta el próximo viernes por la mañana, de forma que la propuesta definitiva pueda debatirse el sábado por la mañana.
Ximo Puig ya ha mostrado en reiteradas ocasiones su compromiso con la mejora de la transparencia y por la lucha contra la corrupción. De hecho, hace unas semanas se celebraron precisamente unas jornadas en el partido en esa línea y, hace apenas unos días, anunció que presentaría ante el Comité Nacional del próximo sábado el documento de “Reacción Democrática más ambicioso de cuantos ha presentado un partido político en la Comunitat Valenciana en toda la democracia”.
En concreto, el borrador recoge unas 75 propuestas distribuidas en tres ejes: Transparencia y Lucha contra la corrupción; Reforma de los partidos políticos y Reconversión institucional. Las propuestas contempladas en el borrador se circunscriben en tres ámbitos distintos: en el PSPV-PSOE; en el PSOE en su conjunto y en las Instituciones Públicas, y el objetivo es profundizar en la transparencia, mejorar el funcionamiento de las instituciones y garantizar una mayor participación de los ciudadanos, tanto en el ámbito institucional como en el de los propios partidos políticos.
Entre las propuestas que figuran en el apartado destinado a la Transparencia y a la Lucha contra la Corrupción, se propone publicar anualmente la declaración de renta y de patrimonio de los cargos electos. Así, se prohíben expresamente los sobresueldos a cualquier cargo público y se contempla la firma, por parte de todos los cargos públicos, e incluso de los de la dirección del PSPV-PSOE, de un código de Ejemplaridad, Ética y Buen Gobierno.
Otra de las propuestas es un Pacto Empresarial por la Integridad para que todas las instituciones gobernadas por el PSPV-PSOE firmen con las empresas contratistas un pacto por la transparencia, la ética y la integridad. En este apartado, plantean que se incorpore a representantes de la sociedad civil para la fiscalización de las mesas de contratación de las administraciones públicas.
El borrador plantea además regular la responsabilidad penal de los partidos políticos y, en esa línea, apuesta por modificar el código penal para regular la responsabilidad penal colegiada de los órganos directos de los partidos y la tipificación como delito de financiación ilegal de actividad política y electoral. También propone impulsar una ley para la protección del denunciante de prácticas corruptas e ilegales, tanto en la administración como en los partidos o en las empresas, con el fin de proteger a los ciudadanos que denuncien este tipo de delitos de cualquier clase de represalias.
Para evitar la impunidad con la que determinados responsables políticos actúan, el borrador propone ampliar plazo de prescripción de delitos de corrupción estableciendo un mínimo de 15 años. También apuesta por agilizar las acciones judiciales contra la corrupción y prever un procedimiento preferente y sumario en los delitos por corrupción política. Como medida complementaria, propone dotar de recursos y de mecanismos necesarios el poder judicial para la rápida investigación y procesamiento judicial. El borrador prevé la creación de una comisión autonómica de ética y transparencia.
En cuanto a la reforma de los partidos políticos, el borrador apuesta por primarias abiertas a todos los ciudadanos. Para ello, se aboga por modificar la Ley de Partidos políticos para hacer extensible a todos la elección democrática de candidatos a alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes, presidencia de Comunidad Autónoma y Gobierno de la Nación. En el caso del PSPV, lo que se pretende es garantizar a través de primarias abiertas a todos los ciudadanos progresistas (afiliados, simpatizantes y ciudadanos en general, después de haber firmado un manifiesto de compromiso de defensa de valores progresistas y de la entrega de una cantidad simbólica).
Otra de las propuestas contempladas en el borrador pasa por prohibir la financiación por medio de la donación a los partidos, fundaciones u organizaciones afines por parte de empresas y demás personas jurídicas.
Reconversión institucional
El documento propone reducir la dimensión de la actual estructura de Administración General del Estado, para evitar duplicidades con la administración autonómica. Se aboga por convertir el senado en una cámara de representación de los gobiernos autonómicos con votos ponderados en función de su población.
En cuanto a las diputaciones, se plantea la reforma constitucional para posibilitar que las Comunidades Autónomas puedan, haciendo uso de su capacidad de autoorganización, decidir en su territorio sobre la existencia o no, estructura y competencias, si es el caso, de las instituciones provinciales.
Ámbito de la Generalitat
Reconversión de la Generalitat bajo los principios de austeridad, eficacia y sostenibilidad financiera; un Plan de racionalización con la supresión de 147 altos cargos del Consell y la supresión de las sedes de las delegaciones de las provincias, son algunas de las propuestas contempladas en este apartado. También se compromete a la recuperación de los servicios públicos básicos privatizados. “Restauraremos aquellos servicios públicos caros e ineficientes que han servido para abonar fundamentalmente la corrupción urbanística y financiera en la Comunitat, y priorizaremos otros como la Justicia, la seguridad en su amplia acepción y protección medioambiental”, según consta en el documento.
Reformas en el ámbito institucional estatal, autonómico y local
Finalmente, se contempla la eliminación del veto o criterio preceptivo favorable gubernamental para la tramitación de ciertas iniciativas parlamentarias y se propone que un tercio de diputados y diputadas firmantes sea suficiente para crear una comisión de estudio o de investigación. Los diputados del grupo del Gobierno no podrán preguntar al presidente y será obligatorio facilitar los documentos y contratos públicos.
En cuanto a la Iniciativa Legislativa Popular, se propone reducir a 30.000 en el caso de la Comunitat Valenciana el número de firmas necesarias para presentar una proposición de ley y se plantea la creación de un comisionado parlamentario anticorrupción.
