Ximo Puig: "La impunidad es un veneno para la democracia y para el estado de derecho”

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha asegurado que “la fractura democrática que separa a los ciudadanos de la política se agranda por la sensación de impunidad que rodea a los casos de corrupción” al tiempo que ha advertido de que “la impunidad es un veneno para la democracia y para el estado de derecho”. En este sentido, ha recordado los casos del exalcalde de Torrevieja y exdiputado autonómico Hernández Mateo, condenado a tres años de cárcel y siete de inhabilitación por corrupción, cuyo indulto ha sido reclamado por el 85% de los diputados del PP valenciano, y la petición de esta gracia también por parte del expresidente de Baleares, Jaume Matas.

Puig, que defenderá en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 que establece las reglas para el ejercicio del indulto, ha alertado de que estos casos generan “alarma social” al sentir los ciudadanos que incumplir la ley “sale gratis a algunos”. Por eso, el PSOE pretende, con esta reforma, impedir que se pueda conceder el indulto a las autoridades y cargos públicos condenados por corrupción. “Los corruptos tiene que pagar”, ha sentenciado Puig.

En esta línea, el diputado considera que tampoco se entienden casos como el indulto concedido por el Gobierno de España al conductor kamikaze que mató a un joven de Alzira, en la Comunidad Valenciana. Así, ha recordado que este indulto está rodeado de “sospechas” por la vinculación del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con un despacho de abogados, además de contar con la opinión en contra de jueces y fiscales. Un indulto que, según ha resaltado, fue anulado finalmente por el Tribunal Supremo.

El Gobierno “no se puede convertir en una especie de segunda instancia judicial que juzgue a los que ya están juzgados”

Para evitar estos casos, los socialistas proponen que para conceder el indulto se requiera la conformidad del magistrado o tribunal sentenciador, así como ampliar los informes que se tienen que solicitar ya que, según ha manifestado Puig, el Gobierno “no se puede convertir en una especie de segunda instancia judicial que juzgue a los que ya están juzgados”. Y por último, plantean que el Gobierno tenga “obligatoriamente” que motivar las razones del indulto, es decir, “tiene que justificar las razones para utilizar este mecanismo excepcional”, ha argumentado.

Finalmente, Puig ha hecho hincapié en que la legislación actual del indulto data de 1.870 por lo que ha planteado su reforma, “para adaptarla al siglo XXI y contribuir a recuperar la confianza de los ciudadanos en la democracia en las instituciones”.