Villena se suma a la paralización de la reforma de la Ley de Régimen Local

Esta moción, presentada por el portavoz socialista en Villena, Fulgencio Cerdán alega que los motivos por los que se quiere presentar este recurso es porque esta Ley quita competencias a los Ayuntamientos, vulnerando con ello la garantía institucional de la autonomía local reconocida en los artículos 137 y 140 de la Constitución.

La mayoría de los partidos de la oposición con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados han acordado sumar fuerzas desde los Ayuntamientos para conseguir algo que nunca se ha conseguido en la Democracia Española “que los ayuntamientos acudan al Tribunal Constitucional para pedirle que paralice y anule la Ley de reforma de la Administración Local que el Partido Popular ha aprobado gracias a su mayoría absoluta y en contra de toda la oposición”, declaró ayer Cerdán.

Según el edil “la aplicación de esta Ley puede llegar a hacer desaparecer y desapoderar a los municipios, especialmente a los menores de 20.000 habitantes”. De esta forma el paquete fundamental de los servicios que actualmente prestan estos ayuntamientos pasarán a las Diputaciones, “con esta ingente cantidad de servicios a prestar, será prácticamente incontrolable desde lo público con lo que se generarán macro-contratos privados difíciles de controlar”, aseguró Cerdán.

Con esta modificación del apartado 4 del artículo 7 de la Ley de Bases de Régimen Local se impediría que un Ayuntamiento saneado financieramente y que cumpla todos los requisitos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, pudiera desarrollar otras competencias si la Comunidad Autónoma no emite un informe previo. Según el portavoz socialista “con ello se estaría vulnerando el principio constitucional de Autonomía Local”.

La moción fue aprobada por mayoría con el voto favorable del Grupo Socialista, Verdes de Europa y Villena Centro Democrático y con el voto en contra del Partido Popular quien ya en la Comisión Informativa del lunes indicó que es improcedente y que no tiene ningún sentido por ser una cuestión puramente legislativa.