El Pleno Municipal declara su apoyo a APADIS y se compromete a realizar todo lo posible para evitar el cierre de la asociación
El Pleno Municipal al completo apoyó anoche la declaración institucional presentada por Fco. Javier Esquembre, alcalde de Villena, para mostrar el apoyo del Ayuntamiento a la “encomiable labor” que desarrolla APADIS y reclamar a la Generalitat que realice las gestiones oportunas para lograr el pago de las cantidades adeudadas antes del 2 de enero, lo que evitaría el cierre de los centros anunciado para el día 7. La Corporación solicitará una reunión urgente con el Presidente de la Generalitat y los Conselleres de Hacienda y Bienestar Social antes de esa fecha, y amenaza con tomar “todo tipo de medidas posibles y acudir donde sea necesario para hacer llegar las reivindicaciones de APADIS”.
Unos cincuenta trabajadores, padres y madres y usuarios de los distintos centros de APADIS acudieron al Pleno y apoyaron con un emotivo aplauso la declaración institucional que reclama los 766.650 euros que la Generalitat adeuda a la institución. Luciano Martínez, presidente de APADIS, intervino al finalizar la sesión para agradecer a todos los partidos el consenso con el que apoyaron la declaración, “pues esta asociación se lo merece”, al tiempo que anunciaba que tras la Asamblea realizada anoche, los padres y madres han decidido apoyar la reivindicación de los trabajadores –que llevan más de 5 meses sin cobrar- y no llevarán a sus hijos e hijas a los centros y talleres a partir del 7 de enero si la Generalitat no actualiza los pagos.
Al margen de esta importante noticia, el Pleno Ordinario de diciembre transcurrió con normalidad, con la novedad de la incorporación del nuevo Interventor accidental, Ignacio Satorres.
La moción del Partido Popular en la que solicitaban que se dotara en los próximos Presupuestos de una partida destinada a hacer accesible el edificio de la concejalía de Educación fue rechazado por el equipo de gobierno, después de que Virtudes Hernández, edil de Educación, indicara que “en cuanto sea posible acometer esa actuación, se hará, pero por el momento debemos establecer las prioridades de la concejalía”.
Tanto la Ordenanza Reguladora del Procedimiento para la tramitación de Licencias Urbanísticas como la aprobación definitiva, incluyendo las alegaciones realizadas por los técnicos, de la Ordenanza municipal para la apertura o funcionamiento de industrias y establecimientos, fueron aprobadas por unanimidad.
La moción presentada por la oposición solicitando que se realice un inventario de los solares y edificios municipales del Casco Histórico para cederlos a particulares o empresas con el fin de incentivar la implantación de negocios en esa zona, fue finalmente retirada por el PP, que no quiso incluir la enmienda realizada por Mercedes Menor, edil de Casco Histórico, al entender que “le quita el sentido a la moción inicial”. Menor avanzaba que el inventario actualizado ya ha sido realizado y se está trabajando en una herramienta informática que facilite el acceso a esta información, al tiempo que se espera mantener una reunión con el personal jurídico para estudiar los mecanismos de cesión de los edificios municipales.
Algo similar ocurrió con la moción del PP en la que pedían que la contratación de suministros, material y consumibles por parte del Ayuntamiento, se realice siempre a empresas de Villena. Juan Carlos Pedrosa, edil de Industria y Comercio, introdujo varias enmiendas afirmando que “lo que piden es lo que ya se hace”, por lo que finalmente la oposición retiró la moción al considerar que su sentido cambiaba si se incorporaban estas alegaciones.
Por unanimidad en cambio se aprobó otra moción del Partido Popular, la que buscaba el compromiso del Ayuntamiento para destinar la cantidad que la EPSAR devolverá a Villena – unos 281.000 euros- a la última fase de la Rambla Conejo. El consenso también reinó al aprobar el nombramiento de miembros del Consejo Municipal de Medio Ambiente y en la moción de esta misma concejalía para declarar el Parque Natural de la Sierra Salinas, una declaración que el resto de municipios colindantes a la sierra votarán en sus próximos Plenos y que será elevada a la Generalitat.
La moción del Grupo Popular en la que solicitaban una reducción del 50% en las tasas de licencia de aperturas para desempleados o menores de 35 años fue retirada, a la espera de que el Interventor realice un informe en el que estudie las posibilidades reales de introducir estas bonificaciones.
Por despacho extraordinario de urgencia se votó también por unanimidad una moción tipo de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para exigir a la Generalitat el pago de la deuda que mantenga por convenios con los Ayuntamientos, y en el caso de que no pueda ser inmediato, que se estipule el calendario de pagos. En la misma se apoya al Gobierno Valenciano para que reclame al Gobierno Central que recurra al Fondo de liquidez para hacer este pago y que se establezca como prioridad el pago a los Ayuntamientos.
