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Vila-real firma un préstamo para hacer frente al pago de resoluciones urbanísticas del PP

Vila-real firma un préstamo para hacer frente al pago de resoluciones urbanísticas del PP

    El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha firmado esta mañana el préstamo de 4,9 millones de euros con el que el Ayuntamiento podrá hacer frente a los últimos "mazazos" de la "herencia del PP en la ciudad". El crédito, suscrito con el BBVA, supone "el préstamo con mejores condiciones de la historia de Vila-real" y se destinará en un 89% al pago de resoluciones urbanísticas de gobiernos anteriores al 2011.

    En concreto, el préstamo asciende a 4.895.561 euros, de los cuales 4.345.501 euros servirán para hacer frente al pago de resoluciones del Jurado de Expropiación sobre operaciones urbanísticas de los gobiernos del Partido Popular. El resto, 550.000 euros, se destinarán a sufragar la penúltima cuota de la adquisición del Gran Casino. "Esto demuestra que, si no fuera por los empastres heredados del PP, el Ayuntamiento de Vila-real no tendría que pedir préstamos; mientras otros municipios de nuestro entorno los piden para avanzar y adquirir patrimonio, nosotros todavía estamos pagando muy cara la herencia urbanística del Partido Popular en Vila-real", lamenta Benlloch.

    Una herencia, recuerda el primer edil, que ha bloqueado la aprobación del presupuesto municipal de 2018. "Después de muchos esfuerzos, finalmente hoy podemos firmar este préstamo, que nos da el oxígeno necesario para seguir avanzando, y en breve podremos aprobar definitivamente las cuentas de este ejercicio, que hasta ahora han estado bloqueadas por el pago del urbanismo del PP", incide el alcalde. Entre otras operaciones, se hará frente a reclamaciones de propietarios por operaciones urbanísticas que se remontan en algunos casos hasta los años 90. Expropiaciones en el entorno del jardín del Rey Jaume I, la apertura de viales en la zona del colegio José Soriano o el párking frente a la piscina cubierta, entre otros. "Es decir, de lo que estamos hablando es de empezar a pagar ahora a los propietarios por unos terrenos por los que hoy pasamos, aparcamos o llevamos a los niños al colegio desde hace más de 20 años en algunos casos, que el Partido Popular nunca pagó", lamenta Benlloch.

    "Con prudencia y con responsabilidad, estamos desembrollando el empastre y vamos desbloqueando los pagos", agrega el alcalde. Con este objetivo, Benlloch anuncia en breve el inicio de un proceso de negociación con los propietarios afectados por estos expedientes. "Tal y como hemos hecho en otros muchos casos, y siempre en defensa del interés general y de hasta el último céntimo de los vila-realenses, vamos a dialogar con los propietarios y buscar acuerdos que puedan ser beneficiosos para todos, en la línea de los que hemos alcanzado hasta la fecha", señala Benlloch. "Vamos a barajar todas las posibilidades: quita y espera, aplazamientos o rebaja de intereses, que nos permitan empezar a pagar ya sin que afecte al progreso y el avance de la ciudad. Porque no podemos quedarnos atrapados en la gestión del pasado; nuestra obligación es también gestionar el presente y el futuro, siempre con responsabilidad y con prudencia, logrando el equilibrio entre el pago de la herencia y garantizar un futuro de oportunidades", argumenta el primer edil, quien señala que el préstamo con el BBVA da al consistorio el "oxígeno" necesario para empezar a plantear estas negociaciones.

    El préstamo suscrito hoy es a 22 años, con una carencia de dos años y 20 de amortización, a un interés del euríbor + 64 puntos básicos, lo que significa un 0,455% en la situación actual (en valores negativos) del tipo europeo. Estas condiciones se traducirán en el pago de intereses de 22.323, 76 euros en cada año de carencia y una cuota anual de amortización de 244.778,07 euros en el tercer año. "Es una cantidad perfectamente asumible y que deja en evidencia la enorme diferencia entre este equipo de gobierno, prudente y responsable, y el Partido Popular, que endeudó a la ciudad en los peores años de la crisis con un préstamo usurero de 20 millones de euros, unas condiciones de cancelación abusivas y un 6% de intereses, que nos cuestan cada año tres millones de euros a las arcas municipales sólo por levantar la persiana", concluye Benlloch.

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