Vila-real desactiva un nuevo ‘empastre’ del PP con la resolución del convenio urbanístico de Fritta
El Ayuntamiento de Vila-real ha resuelto el convenio urbanístico por el cual el anterior gobierno municipal del Partido Popular permitía, entre otros, la edificación de un rascacielos de 20 plantas en la zona industrial de Fritta, al sur de la ciudad. La decisión, adoptada por unanimidad en el pleno extraordinario celebrado hoy, llega después de que en 2013 una sentencia anulara las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de las manzanas 532 y 533 para que los terrenos, de 116.000 metros cuadrados, pasaran a ser suelo residencial.
El alcalde, José Benlloch, ha tildado de “pelotazo urbanístico” el acuerdo firmado por el PP en 2008, cuando todavía se encontraba al mando del gobierno municipal, y ha destacado que “cinco magistrados calificaron por unanimidad el caso como ilegal”, por eso se ha congratulado, ya que “hoy desactivamos un nuevo empastre del PP, el más grave de su última legislatura al frente de esta ciudad” y ha felicitado al grupo popular “por haber reflexionado y cambiado el chip para defender los intereses de todos los vecinos”.
No obstante, el primer edil asegura que “la herencia del anterior equipo dará muchos más días de disgustos a esta ciudad”, y recuerda que “en estos momentos hay en riesgo 14 millones de euros, fruto del descontrol y la forma de hacer urbanismo del PP”. Por este mismo motivo, Benlloch ha destacado el “principio de prudencia” aplicado por el equipo de gobierno para llevar a cabo esta rescisión, aprovechando la disolución de la firma PKL Real Estate Agency, con la que se llevó al acuerdo, y el “brutal esfuerzo de los técnicos municipales para librar al Ayuntamiento de una posible condena”, al tiempo que ha señalado que “seguiremos defendiéndonos con los instrumentos a nuestro alcance”.
Asimismo, el primer edil ha hecho hincapié en que “ningún convenio se ha resuelto de manera caprichosa, sino por prudencia y responsabilidad” y asegura que “somos un equipo de gobierno que planifica y hace las cosas cuando toca y pensando en la ciudad”.
Por su parte, el concejal de Territorio, Emilio M. Obiol, ha explicado que “el convenio urbanístico, aprobado en solitario por el PP, supone un auténtico pelotazo, tal y como lo catalogarían las facultades del área” y afirma que “la intención de crear un rascacielos singular de 20 plantas se ha demostrado –y se demostró en su día- innecesario, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado la razón a los propietarios que recurrieron, señalando que este acuerdo deja de servir al interés general para ponerse al servicio de intereses particulares”.
Por otro lado, el pleno ha realizado una declaración institucional para solicitar una reforma de la financiación autonómica, por la que se insta al presidente de la Diputación a exigir al Gobierno central esta modificación, así como el reconocimiento del déficit de financiación acumulado cifrado en 12.433 millones de euros desde que se llevaron a cabo las transferencias de competencias a la Comunitat Valenciana y la ejecución, por parte del Estado, de unas inversiones en infraestructuras “equiparables, como mínimo, al peso poblacional de la Comunitat que compense la insuficiencia inversora de los últimos años”.
