86 personas han muerto en Vila-real esperando las ayudas de la Ley de la Dependencia de Conselleria desde 2008

Desde que en 2008 entrara en vigor la Ley de la Dependencia, 834 personas han sido atendidas en los Servicios Sociales de Vila-real. De ellas, tan sólo 296 reciben alguna de las prestaciones que les corresponde, lo que supone un 35% y, actualmente, existen 277 expedientes pendientes de resolución. Pero la cifra más “escandalosa” son las 86 personas, un 10% de los casos, que han muerto esperando una resolución por parte de la Conselleria de Justícia i Benestar Social. Según la concejala de Servicios Sociales, Mònica Alvaro, estos números evidencian “el gran drama ” que existe en la aplicación de esta ley en Vila-real.

La concejala ha señalado que durante el 2008 fueron 122 los expedientes abiertos, 342 en 2009, 216 en 2010 y 128 expedientes durante el primer trimestre de 2011, aunque según la previsión, “a finales de año serán, aproximadamente, 256 expedientes”.

Mònica Alvaro ha explicado que, desde Servicios Sociales, se envían todos los informes y documentos médicos necesarios a la empresa Avapsa, la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales que depende de la Conselleria de Justícia i Benestar Social y cuyos técnicos se encargan de hacer una valoración del solicitante y de asignarle un grado y un nivel de dependencia, según la baremación establecida por la ley. Sin embargo, y según Alvaro, actualmente, “existe un retraso superior a 5 meses respecto a la media nacional desde que Avapsa recibe la documentación de Servicios Sociales hasta que los técnicos realizan una valoración del paciente”. Además también se produce “un excesivo retraso” para la concesión final de estas ayudas en la Comunitat Valenciana, ya que según Alvaro, “pasa una media de 14 meses hasta su definitiva resolución”.

Además la concejala ha explicado que a partir del próximo mes de enero, tal y como prevé la ley de la dependencia, se incorporará un nuevo grado de dependencia moderada, lo que implicará más personas en el sistema de la dependencia y por tanto más gente para evaluar. Si además contamos con el despido de 29 trabajadores que se hizo efectivo el pasado mes de junio por parte de la empresa Avapsa, la empresa mixta que depende de Conselleria, nos encontraremos “con un sistema que se colapsará aún más”.

Mònica Alvaro ha recordado que se ha hecho “un gran esfuerzo” porque se ha ampliado el personal asignado a la tramitación de esta ley a todos los profesionales que trabajan en Servicios Sociales para dar un mejor servicio y agilizar el proceso. Según la concejala, aunque las obligaciones de los Servicios Sociales municipales finalizan en el momento de remitir el expediente a la Conselleria, “son muchas las quejas que nos llegan por incumplimiento de los tiempos de espera en las diferentes fases del proceso y somos la administración más cercana para el ciudadano”. Además, según Alvaro, Conselleria nunca ha tenido estabilidad temporal en el momento de dar respuesta a las solicitudes y se ha quejado porque “igual tenemos 5 resoluciones en una semana como pasa medio año y no sabemos nada”.

Finalmente, la concejala también ha destacado que esta es la primera vez, desde la entrada en vigor de la ley de dependencia, que la concejalía de Servicios Sociales ofrece unas cifras concretas al respecto.