Sancho: “El caso Piaf demuestra que el cambio de gobierno en Vila-real era necesario"
El portavoz adjunto del grupo municipal de Compromís por Vila-real, Josep Pasqual Sancho, y el concejal Santi Cortells, han reivindicado la actuación de Compromís contra la corrupción en el Ayuntamiento desde su llegada en 2011.
Después de conocer en los últimos días que el juez del conocido como caso Piaf ha decidido seguir adelante con el procedimiento y mantiene los indicios de delito y grado de tentativa contra los exgobernantes del PP, Sancho ha explicado que "una vez más, venimos a hablar sobre un tema del que, por suerte, cada vez hablamos menos en Vila-real: de corrupción". "Porque desde nuestra llegada en el 2011 al equipo de gobierno, echando al PP, hemos posado en manos de la justicia todo aquello que no hemos visto claro, defendiendo así los intereses y el dinero de toda la ciudadanía donde se tiene que hacer, a los juzgados", manifiesta.
Sin embargo, el concejal lamenta que "todavía hay una herida abierta que nos preocupa y que, por suerte, pudieron parar algunos compañeros de Compromís que ya no están aquí, como el actual secretario autonómico de Inclusión, Alberto Ibáñez, que fue el encargado de crear y presidir la comisión específica de investigación que sacó a la luz e hizo el seguimiento de toda la trama en la cual el PP utilizaba, presuntamente, la connivencia de una empresa para saquear las arcas municipales". "Entre esto y las sentencias millonarias que el PP nos dejó como recuerdo, esta ciudad difícilmente levanta cabeza. Como para pensarse el hecho de volver a votarlos", afirma.
Sancho destaca que este proceso judicial es el resultado de haber sido "uno de los primeros ayuntamientos en no pagar la deuda ilegítima heredada del PP" y recalca que "la justicia es lenta, pero llega y pensamos que estamos llegando al desenlace de un proceso que todavía será largo y que está siendo muy duro para esta ciudad". Además, añade que "además de frenar el pago de 600.000 euros en facturas falsas -lo cual corroboraron los funcionarios de la casa-, y del trabajo para esclarecer muchas cuestiones todavía sin resolver, falta que la justicia y que los implicados, entre ellos el exalcalde Rubert, declaren y digan la verdad". Para el representante nacionalista "queda claro, más que nunca, que Vila-real necesitaba un cambio de gobierno" y califica como "crucial" la gestión de Compromís. "Para nosotros es muy importante seguir adelante con esta lucha y cerrar un episodio negro para la ciudad", asegura.
Por su parte, Cortells ha recordado que "este no es un caso aislado" y ha puesto sobre la mesa la unión entre el caso Piaf con el caso Gürtel, del que es una ramificación. "La documentación del caso Gürtel es muy extensa y hace referencia a los actos organizados por Orange Market, que también llegaron a Vila-real, concretamente al 2007, con la presentación de alcaldables del PP al Auditorio", explica, "en la lista de Juanjo Rubert había caras tan conocidas como la de Héctor Folgado, Dora Llop o Marisa Mezquita, actualmente la oposición. Algo tendrán que decir". Aun así, recuerda que "esta sangría se suma a los más de nueve millones de euros que encontramos en los cajones en 2011 y a los sobrecostes de Ciegsa, que obra que construía, obra a la que le hinchaba el precio". "Una situación que destapó el conceller de Educación y compañero de Compromís, Vicent Marzà", indica, "sin olvidar los más de 30 millones de euros que llevamos pagados en sentencias en siete años... una suma que asciende además de 50 millones de euros en derroche, corruptelas y amiguitos del alma". En la misma línea, se pregunta por qué el PP no ha pedido disculpas todavía en nombre de su partido. "Por decencia y ética tendrían que haberlo hecho".
Josep Pasqual Sancho asegura que "16 años del PP fueron demasiados para la ciudad. Los vecinos no se lo merecían" y ha aclarado que "desde Compromís por Vila-real queremos llegar hasta el final y que quién la haya hecho, que la pague. No vayamos a dejar de reivindicar que queremos justicia". Al mismo tiempo, afirma que confía en la independencia judicial y apunta que "respetaremos cualquier decisión que se tome, pero esperamos que vaya en la línea correcta, que es simplemente la de hacer justicia y la de defender a todos los ciudadanos y ciudadanas".
