Benlloch abre las negociaciones con los propietarios afectados por resoluciones derivadas del urbanismo del PP

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha abierto las negociaciones con los propietarios afectados por las resoluciones del Jurado de Expropiación referentes a operaciones urbanísticas derivadas de los años de gobierno del Partido Popular. El objetivo de las negociaciones es poder llegar a acuerdos con los propietarios, que garanticen el "necesario equilibrio entre pagar lo que se debe y prestar los servicios que requiere una ciudad como Vila-real, en defensa del interés general".

En estos momentos, el consistorio tiene encima de la mesa reclamaciones de propietarios por valor de 18 millones de euros, en dos paquetes del Jurado de Expropiación valorados por los técnicos municipales en torno a los 4,3 millones de euros. Se trata, en su mayoría, de operaciones urbanísticas realizadas entre los años 1996 y 2011, bajo mandato del Partido Popular, relacionadas con infraestructuras como la avenida Francia, la apertura de calles, el colegio José Soriano o el jardín Jaume I. A estas cantidades, además, se le añadirán a final de año otros 9,4 millones reclamados por los propietarios en un tercer paquete de resoluciones del Jurado de Expropiación y la materialización del convenio de las Dominicas, firmado también por el PP el 1 de junio de 2011.

Una vez aprobado el presupuesto municipal de 2018, con el préstamo firmado –"con unas condiciones históricas"- y el Plan Económico Financiero aprobado en el pasado Pleno municipal, tal y como se comprometió, el alcalde ha iniciado esta semana las negociaciones con los representantes de los propietarios afectados por las expropiaciones, contingencias y "empastres" urbanísticos del Partido Popular en Vila-real. "Nuestro objetivo es pagar y, dentro de nuestras posibilidades, cumplir con las resoluciones del Jurado de Expropiación, las sentencias y los convenios firmados por los gobiernos del Partido Popular, siempre garantizando el equilibrio económico necesario para que Vila-real no pierda oportunidades de presente ni de futuro", argumenta el primer edil. "Soy consciente de la obligación de pagar lo que debemos a quien los tribunales o los organismos administrativos han reconocido derechos y, aunque es cierto que es el PP quien tendría que haberlo pagado y que prefirió despilfarrar en otras cosas, la ciudad debe hacer frente a esta realidad. Sin embargo, no podemos poner por encima del interés general el interés particular de unos pocos. Por eso, siendo conscientes de nuestra obligación, la negociación con los propietarios está yendo en el sentido de conjugar el cumplimiento de nuestras obligaciones con la prestación de servicios públicos esenciales, mejorar la calidad de vida, invertir en las personas y generar oportunidades", argumenta el primer edil.

"Ese difícil equilibrio", agrega, "es el en el que hemos trabajo desde 2011, cuando encontramos Vila-real con un 26% de paro, un 35% de exclusión y una deuda de cerca del 75%, a punto de ser intervenidos por el Estado, además de 9 millones de euros en facturas en los cajones y multitud de pleitos contra el Ayuntamientos por las ilegalidades y la irresponsabilidad del PP, que está en el origen de la situación que atraviesa el municipio". "En estos siete años, hemos trabajado con responsabilidad y prudencia, pagando más de 25 millones de euros entre préstamos y empastres del PP en materia urbanística. Pese a eso, hemos logrado consolidar un proyecto de ciudad competitiva, innovadora y de progreso. En definitiva, hoy Vila-real avanza. Este es ahora también mi objetivo", avanza.

Sin embargo, Benlloch advierte que "no hay dinero para todos; si tuviéramos que pagar toda la herencia de golpe, la ciudad quebraría". De hecho, frente a los 18 millones reclamados (ver tabla adjunta), la cantidad de la que dispone en estos momentos el Ayuntamiento para hacer frente al pago de estas contingencias urbanísticas es de 4.345.501 euros, cantidad contemplada en el préstamo firmado recientemente bajo "las mejores condiciones de la historia local".

Para poder hacer frente a las obligaciones del pago de estas resoluciones, sin poner en riesgo la viabilidad de la ciudad, Benlloch ha iniciado negociaciones bajo tres criterios fundamentales: la aceptación por parte de los propietarios de la valoración municipal, la renuncia a los intereses y la renuncia formal a pleitear contra el Ayuntamiento, retirando los recursos contra la valoración municipal. "Los propietarios que se acojan a estos criterios, cobrarán de manera inmediata", concluye Benlloch.