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Compromís reivindica la educación pública y exige al Gobierno la derogación de la LOMCE

    Compromís per Vila-real presentará al próximo pleno del Ayuntamiento una moción para instar a la paralización y derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y el impulso de la educación pública, donde no tengan cabida los recortes, especialmente en las ayudas.

    "La educación es el servicio público que más ha sufrido desde la llegada al gobierno estatal del Partido Popular el 20 de noviembre de 2011", explica el portavoz del grupo municipal de Compromís per Vila-real, Pasqual Batalla, quien ha pedido paralizar la actual reforma universitaria, así como "evaluar la implantación del Plan Bolonia y trabajar por la homologación de los costes universitarios para estudiantes con los de los países de nuestro entorno".

    "Hay que exigir un compromiso político con la educación para aumentar la inversión progresivamente hasta conseguir el 7% del PIB en 2020", ha señalado Batalla, quien solicita iniciar un análisis y diagnóstico de la educación para conseguir un Pacto Territorial y de Estado que, "con criterios y objetivos profesionales y científicos, dote a la educación y al sistema educativo de la estabilidad que le ha faltado con cada cambio de Gobierno".

    Asimismo, Compromís per Vila-real exige "trabajar para dotarnos de un sistema público que tenga como objetivo avanzar hacia un modelo educativo de éxito escolar que forme a personas solidarias, creativas, críticas, libres, emprendedoras y más concienciadas en la construcción de un mundo más justo y mejor para todos".

    Por otro lado, el grupo municipal anima a la comunidad educativa a movilizarse en las protestas contra la LOMCE, los recortes y el llamado 3+2.

    "No son peticiones gratuitas, vienen motivadas por años de maltrato hacia la educación pública por parte del Gobierno central, con recortes que han empobrecido la enseñanza", destaca Batalla, al tiempo que recuerda que "el Estado se comprometió con Europa seguir recortando la inversión en educación hasta dejarla en el 3,7% del PIB en 2018, igual que en los años 80".

    Además, Batalla critica que "los recortes impuestos desde el Estado y los gobiernos autonómicos han perjudicado gravemente la gratuidad, la equidad y la inclusión de nuestro sistema educativo y de nuestra universidad".

    Al mismo tiempo, denuncia que "la crisis y el fracaso del modelo productivo ha retornado a las aulas a miles de alumnos, mientras las plantillas de profesorado se han visto reducidas y precarizadas sus condiciones laborales". "Mientras todo esto ocurre, el presupuesto y la reforma universitaria han encadenado recortes públicos que contrastan con la facilidad con la que han abierto universidades privadas inaccesibles para la mayoría", asegura Batalla, quien indica que "el llamado 3+2 estima un recorte de 1.000 millones que se acumulará a los 1.500 millones ya suprimidos desde 2012 para el conjunto de las universidades públicas".

    "Con datos del propio Ministerio, las universidades públicas han perdido prácticamente 8.000 lugares de trabajo y más de 77.000 alumnos del curso 2011-2012 como consecuencia de los recortes", explica, al tiempo que destaca que "la nueva Ley Educativa, llamada de Mejora de la Calidad, es una contrarreforma discriminatoria y clasista cuestionada por la totalidad de la comunidad educativa desde el primer momento". 

    "La LOMCE es una ley segregadora de estudiantes, clasificadora de centros, masificadora de aulas, adoctrinadora de conciencias, antidemocrática y autoritaria en la gestión, sexista en la forma y el fondo, empobrecida en el presupuesto y precarizadora de la profesión docente y del mercado laboral que, además, habilita el regalo del suelo público a entidades privadas y menosprecia la experiencia y la riqueza cultural y lingüística atesorada en el conjunto del Estado", manifiesta el edil nacionalista, que reivindica "más y mejor educación para todos para salir de la crisis".

     

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