Vila-real exige a la Conselleria de Bienestar Social celeridad y financiación para impulsar el nuevo convenio sobre desahucios

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vila-real, Mònica Àlvaro, ha mostrado su satisfacción ante el anuncio de la Conselleria de Bienestar Social de impulsar un convenio de colaboración con el CGPJ por tal que los Servicios Socials municipales sean avisados antes de cualquier proceso de desahucio, en la línea de la propuesta que el pleno de Vila-real ya aprobó, a instancias de la edil Àlvaro. “Es una buena iniciativa para evitar desahucios y esperamos que se materialiceen breve”, ha declarado en esta línea la concejala, quien, de esta manera, reclama a la Conselleria de Bienestar Social la máxima celeridad y que dote de financiación el convenio.

“Pese a que el PP local no quiso apoyar una propuesta de la concejalía tan evidente, parece que finalmente y con nuestros mismos argumentos, la Generalitat ha optado por hacer algo positivo en la lucha contra los desahucios”, ha remarcado la concejala tras conocer la decisión, anunciada por el presidente del Consell, Alberto Fabra, en el pleno de les Corts. Esta nueva medida consistirá en la firma de un acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para que los ayuntamientos conozcan de forma inmediata cuándo se efectuará un desahucio en el término local y puedan actuar. En este punto, la responsable de Servicios Sociales recuerda que la Generalitat en estos momentos debe 700.000 euros al área social que, de cobrarse, “podrían destinarse a ayudar a las familias que necesitan mantener sus casas”.

“El PP local”, recuerda Àlvaro, “votó en contra de esta misma propuesta en el último pleno del 25 de marzo, aun cuando –como se ha visto- el planteamiento obtuvo el apoyo necesario por llegar a les Corts, donde finalmente ha quedado patente la idoneidad de esta propuesta”. “Conocer de forma adelantada, si las partes están de acuerdo, cualquier inicio de procedimiento judicial ante de un desahucio nos permitirá a los ayuntamientos poder contactar con la familia afectada para ofrecerle nuestra ayuda y mediar con los afectados para aportarles algún tipo de solución a su problema”, ha explicado la edil, quien también ha pedido “celeridad” a la Generalitat, “puesto que se trata de un convenio sin coste para los y las contribuyentes, pero que puede ayudar a muchas familias y por eso desde los Servicios Sociales municipales lo consideramos clave por asistir a la ciudadanía”.

Aun así, la concejala se ha mostrado “desencantada” por la manera de actuar del PP local. “Se me criticó por desconocer cuáles eran mis herramientas de trabajo y ahora se ha demostrado que la propuesta es perfectamente válida y que antes de un desahucio y enviar la policía, caben otras muchas soluciones”, incide Àlvaro. La responsable de Servicios Sociales también ha lamentado que “no es la primera vez que el PP que dirige Folgado se manifiesta contrario a dar su apoyo a iniciativas del Ayuntamiento de Vila-real para proteger a las personas que pierden su casa. En esta línea, recuerda que el equipo de gobierno “tampoco contó con el apoyo del grupo de Folgado para poner en funcionamiento el servicio municipal de asesoramiento jurídico a personas en riesgo de perder su vivienda habitual, que, como también ha quedado demostrado, está funcionando muy bien en Vila-real y otras poblaciones vecinas que también están implantándolo”.