Iniciativa afirma que Moliner tendría que suspender a Ramon Tomàs de su cargo mientras se disipen las dudas de sus actuaciones en ayuntamiento de Vila-real

Al mismo tiempo que la Fiscalía de Castelló comenzaba diligencias por los 600.000 euros de facturas sin justificar que el anterior equipo de gobierno del PP en Vila-real intentaba pasar el día antes de la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno cuatripartito (Iniciativa, PSOE, Bloc y EU), el concejal de Iniciativa y teniente de alcalde del municipio, Alberto Ibáñez hacía pública una nueva irregularidad en facturas del anterior gobierno.

PIAF y LUBASA-BECSA son empresas acusadas de haber financiado irregularmente al PP a cambio de obras públicas, según la instrucción del Caso Gürtel, y todas estas tienen en Vila-real su correlato.

El actual equipo de gobierno descubría en los cajones facturas por pagar a BECSA de 1,9 millones de euros, que por haberse ocultado por el anterior equipo de gobierno no se pudieron incluir en el plan de pago de los ayuntamientos ofrecido por el Gobierno Central, y esta ocultación ha descuadrado las cuentas municipales.

PIAF es la empresa a la cual el exacalde firmó facturas por valor de 600.000 euros, facturas que no estaban firmadas por los responsables de los departamentos afectados, y que se corresponden a obras que no se han hecho.

PIAF es también la empresa “implicada” en el caso desvelado ayer por el regidor de Iniciativa.; facturas por un supuesto mantenimiento de la fachada del Espai Jove del municipio; mientras desde el propio PP se confirmaba que el edificio sufría una carencia de mantenimiento, se habían pagado facturas por un hipotético mantenimiento que no se habría llevado a cabo, y que tendrían un coste de 75.000 euros , siendo tres facturas por un mismo conceptos “mantenimiento de otros edificios de la corporación, Mayo del 2008” del mismo día 2 de junio de 2008.

El valor de las fracturas supera con creces los 50.000,00 € que las obligaría a salir a concurso público, y con el fraccionamiento en tres de una misma factura se intenta evitar sacar al público el concurso, beneficiando a una empresa acusada de financiar ilegalmente al PP.

Desde Iniciativa-Compromis se ha denunciado que en el PP nadie a nivel local ni provincial esté dando la cara y explique estos casos de posible corrupción o irregularidades, y que los posibles responsables políticos de algunas de estas facturaciones, que tendrían en primer término al ex alcalde Juan José Rubert, pero también al regidor y ex responsable de servicios públicos Ramón Tomás, que actualmente ocupa el cargo de confianza de Director de la Oficina Agraria de la Diputación.

Tomàs era el responsable de actuaciones como las posibles obras de mejora en el Espai Jove ahora bajo sospecha o de las obras públicas que se le podrían otorgar a Lubasa-Becsa o PIAF, obras muchas que iban a facturarse a estas empresas privadas cuando el ayuntamiento tiene su propio servicio público de mantenimientos con el GDOS.

El coordinador de Iniciativa en las comarcas de Castelló, Carles Mulet, ha afirmado que el presidente de la Diputación Provincial, Javier Moliner tendría que dejar en suspenso a Ramon Tomàs del cargo de confianza hasta clarificar sus responsabilidades en posibles corruptelas locales. Tomàs tiene unas retribuciones íntegras mensuales de 3750 euros de sueldo base y un complemento específico de 29588.10 euros anuales de la Diputación, más lo que cobra para asistir a órganos colegiados del ayuntamiento de Vila-real “si Alberto Fabra quiere dar ejemplo de un partido que actúa contra la corrupción, aquí, preservando la presunción de inocencia, hay que tomar medidas temporales para evitar un mayor escándalo”.

Para los ecosocialistas “en Vila-real ha pasado como las Baleares, cuando hubo un gobierno de progreso después de Matas, han salido posibles casos de corrupción silenciados hasta entonces, por eso, el relevo de los gobiernos municipales de derecha que han sido hegemónicos en muchos ayuntamientos desde hace años son necesarios también a nivel de salud democrática”.