Compromís exige al Gobierno español una reforma inmediata del sistema de financiación autonómico
El grupo municipal de Compromís per Vila-real ha presentado una moción al próximo pleno ordinario para reivindicar ante el Gobierno español una reforma inmediata del sistema de financiación autonómico valenciano. El portavoz de Compromís per Vila-real, Xavier Ochando, ha señalado que "el País Valencià necesita un régimen de financiación justo y no vamos a parar hasta conseguirlo". "Nuestra tierra ha sido históricamente un territorio puntero", señala, "además de solidario, abierto al exterior y con una notable capacidad de adaptación y resiliencia frente a las crisis".
No obstante, tal y como asegura Ochando, "a pesar de las buenas condiciones de nuestra autonomía y su decidida contribución al desarrollo del resto de comunidades del Estado español, la situación se ha ido girando con el tiempo y la renta per cápita valenciana ha caído de manera significativa respecto a la media del Estado, pasando de ser un territorio más rico que la media en los años 60, a formar parte de las zonas pobres de España". El también edil de Economía pone un ejemplo: "En 2014, el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de los valencianos se situó en 19.693 euros, lo que supone que tenemos 2.719 euros menos que la media estatal, que es de 22.412 euros, y si nos comparamos con nuestros vecinos europeos, la situación es mucho peor, ya que está situada en 27.400 euros".
La causa de esta desigualdad, para el representante de Compromís per Vila-real, es "además de los factores vinculados a la evolución del modelo productivo, la persistencia de un modelo de financiación que nos otorga sistemáticamente menores recursos de los que nos corresponderían por nuestro volumen poblacional y nivel de renta per cápita". "Somos el único territorio del Estado que, con una renta per cápita por debajo de la media española, aporta más de lo que recibe al Estado", manifiesta, "ya que la Comunitat recibe de media 212 euros menos por habitante que el resto de comunidades autónomas".
Según Ochando, incluso un informe de la Comisión de Expertos nombrada por el Ministerio de Hacienda constata la infrafinanciación del País Valencià, cifrada por el ente en 1.893 millones en 2014. "En definitiva, somos pobres, atendiendo a nuestros niveles de renta per cápita y aun así recibimos menos recursos que otros territorios más ricos". Pero, a todo ello cabe sumar tres agravios adicionales: el déficit fiscal, la discriminación en las inversiones estatales y las asimetrías en la distribución de los objetivos de déficit, tal y como señala. "La extracción de recursos de los valencianos ha sido constatada por las balanzas fiscales publicadas por el Ministerio de Hacienda, que reflejan que pagamos más impuestos a Madrid de lo que finalmente se nos retorna", afirma, al tiempo que recuerda que "todo ello se agrava con las inversiones a nuestra autonomía, sistemáticamente inferiores al peso poblacional de nuestro territorio" y destaca que "el reparto de objetivos de déficit para alcanzar la estabilidad presupuestaria ha sido ampliamente discriminatorio para las comunidades, haciendo prácticamente imprescindible el recurso al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un mecanismo opaco e insolidario, a través del que el Estado nos deja nuestros propios recursos imponiéndonos intereses que alimentan el endeudamiento".
"En resumen, atravesamos una difícil situación financiera que limita fuertemente nuestro autogobierno y dificulta el normal funcionamiento de servicios básicos como la sanidad o la educación", añade. Por ello, "ahora más que nunca, entendemos que es necesario actuar para darle la vuelta a la situación. La reforma del sistema de financiación es una cuestión ineludible y que debería situarse como prioridad absoluta para todos".
Así, desde Compromís per Vila-real se solicita, además, el reconocimiento por parte del Gobierno de los déficits de financiación acumulados desde que se llevaron a cabo las transferencias de competencias desde 2002 a 2013, cifradas en 12.433 millones de euros, así como la definición y establecimiento de un mecanismo de compensación de estos déficits. También se exigen unas inversiones en infraestructuras equiparables, como mínimo, al peso poblacional de la zona "que compense la insuficiencia inversora de los últimos años" y también la reestructuración de la deuda pública generada por la falta de financiación del Estado a través de un proceso en el que se establezca un calendario de amortizaciones "asumible".
