El PP de San Vicente vuelve a evidenciar la falta de transparencia municipal
Tras conocer la reclamación que la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, realiza al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, con respecto a la obligación de éste último de proporcionar información sobre los contratos realizados a lo largo de 2020. Reclamación que se produce días después del vencimiento de esta formalidad, que deben cumplir de forma anual las entidades locales.
“Es una obligación que deben cumplir todas las entidades locales” afirma el portavoz Popular, Óscar Lillo “resulta curioso que quienes presumen de ser los adalides de la transparencia, sean los primeros que no cumplen con ella. Un claro ejemplo de ello, entre otros que hemos padecido, es la denuncia al Síndic de Greuges, a la que tuvimos que recurrir por problemas en el acceso a la información que por derecho nos corresponde a los concejales del Partido Popular, como integrantes de la corporación municipal, y cuya obtención, solo se nos ha permitido después de la recomendación a nuestro favor del Síndic” a lo que el Popular añade “otro caso se puede observar en la propia web municipal donde la información de muchos departamentos sigue sin actualizar, como la referente a los currículum de los concejales que siguen sin figurar, algo que hemos reclamado en reiteradas ocasiones”.
Las entidades locales del sector público autonómico tienen la obligación de remitir una relación anual de los contratos formalizados o celebrados durante el ejercicio anterior, en el caso que nos ocupa 2020. Es esta relación deben figurar también los contratos menores, es decir cuya cuantía no supere los 15.000 €, y el vencimiento para la presentación de la misma ante la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, vencía al finalizar el mes de febrero de 2021. Esta formalidad no ha sido llevada a cabo, en base al la reclamación que días posteriores al vencimiento realiza la Sindicatura al Ayuntamiento de San Vicente. El incumplimiento de esta obligación, puede dar lugar a la imposición de multas coercitivas al personal o a las autoridades responsables del incumplimiento.
