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San Vicente se adhiere al Fondo Social de Viviendas para afectados por desahucios con el apoyo de PP y PSOE y la oposición de EU

San Vicente se adhiere al Fondo Social de Viviendas para afectados por desahucios con el apoyo de PP y PSOE y la oposición de EU - (foto 1)
  • El pleno aprueba la derogación provisional de la tasa por el uso privativo del suelo a las compañías de telefonía móvil ante las sentencias del Supremo

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San Vicente se adhiere al Fondo Social de Viviendas para afectados por desahucios con el apoyo de PP y PSOE y la oposición de EU - (foto 2)

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprobado en el pleno de hoy su adhesión al convenio para la creación de un Fondo Social de Viviendas por parte de las entidades financieras para su alquiler a personas afectadas por los desahucios y que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad. La propuesta del equipo de Gobierno ha salido adelante con el apoyo de los concejales de PP y PSOE y el rechazo de EU.

La edil de Bienestar Social, María Ángeles Genovés, ha explicado que el objetivo de este convenio es reforzar la protección de las personas que tienen deudas hipotecarias, que hayan sido desalojadas a partir del 1 de enero de 2008 y que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, quienes se podrán beneficiar de unos alquileres de entre 150 y 400 euros al mes siempre que cumplan los requisitos que establece el Fondo Social de Viviendas.

Genovés ha añadido que “el Ayuntamiento de San Vicente se suma a esta iniciativa impulsada por el Gobierno central emitiendo informes sobre las circunstancias sociales de los posibles beneficiarios de estas viviendas y asesorando a las personas que soliciten información sobre el procedimiento para acceder a alguna de ellas, que en todos los casos deberán dirigirse a su entidad financiera para solicitarlo”.

La edil ha lamentado que “el grupo municipal de Esquerra Unida no haya querido respaldar esta propuesta ya que la adhesión del Ayuntamiento a este convenio es necesaria para que los sanvicenteros puedan acceder al Fondo Social de Viviendas, ya que consideramos que con que una sola persona se pueda beneficiar de este fondo ya habrá valido la pena sumarse a él”.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP, José Juan Zaplana, ha reprochado al concejal de EU Javier Martínez que “responsabilice ahora al PP de la situación cuando solo lleva un año en el Gobierno y no haya presentado iniciativas en este sentido con anterioridad cuando ya había desahucios en 2008”.

Zaplana ha censurado la utilización partidista del drama social que supone los desahucios al “ponerse el primero en la foto” y ha afirmado que “su voto en contra de esta propuesta es una bofetada a todas estas personas”. La alcaldesa, Luisa Pastor, ha indicado al final de debate que este acuerdo es necesario para poder aportar los Servicios Sociales el informe sobre las personas afectadas para ayudarles a conseguir el alquiler social.

Fondo Social de Viviendas

El convenio establece que cada entidad de crédito firmante constituirá un Fondo Social de Viviendas que podrá ser ampliado en función de las necesidades y la disponibilidad. Entre los requisitos para beneficiarse del mismo destaca que el desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución por el impago del préstamo hipotecario y que se haya producido a partir del 1 de enero de 2008.

Además, la entidad bancaria valorará los ingresos de la unidad familiar -que no podrán superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples-, que no disponga de otra vivienda y que se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad, como por ejemplo ser familia numerosa, tener hijos a su cargo, tener una determinada discapacidad o dependencia, estar en situación de desempleo y haber agotado las prestaciones, y casos de violencia de género, entre otras circunstancias.

La renta del arrendamiento estará comprendida entre un mínimo de 150 y un máximo de 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar. La duración del contrato de arrendamiento será de dos años, aunque se podrá prorrogar uno más siempre que el beneficiario siga cumpliendo los requisitos establecidos.

Toma de posesión

El pleno ordinario de febrero ha comenzado con el juramento y toma de posesión de la concejala Gloria Lillo Guijarro, del grupo municipal socialista, quien se incorpora a la Corporación local en sustitución de Manuela Marques, que dimitió por motivos personales.

Durante la sesión plenaria se ha aprobado la modificación del calendario de pagos por la expropiación de los terrenos para la ampliación del cementerio municipal. El concejal de Hacienda y Administración General, Manuel Marco, ha explicado que “este adelanto supondrá para el Ayuntamiento un ahorro de 4.600 euros en concepto de intereses y se ha podido aprobar dado que existe disponibilidad presupuestaria para ello”.

Además, se ha dado cuenta del informe de lucha contra la morosidad correspondiente al cuarto trimestre del año 2012, que reduce el periodo medio de pago a proveedores de 103 a 55 días, y se ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de créditos del Patronato Municipal de Deportes por un importe de 13.190 euros. El pleno también ha dado el visto bueno a una revisión del programa de trabajo de las obras de construcción del velódromo del Complejo Deportivo Sur, cuya finalización está prevista para el mes de mayo.

También se ha aprobado provisionalmente la derogación de la ordenanza fiscal que regula la tasa que abonan las empresas de telefonía móvil por el aprovechamiento del suelo o subsuelo de la vía pública. Manuel Marco ha explicado que “esta ordenanza se aprobó en el año 2008 para intentar que las compañías de telefonía tributaran por este concepto, pero una sentencia del Tribunal Supremo ha fallado que no se ajusta a derecho, por lo que debemos derogarla aunque no con carácter retroactivo”.

Revisión catastral

El pleno también ha aprobado solicitar una actualización de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos con el objetivo de adaptarlos al nuevo sistema de valores de referencia aprobado por la Dirección General del Catastro y que obliga a establecer criterios homogéneos en todos los municipios españoles antes de su entrada en vigor en el año 2017.

El concejal de Hacienda, Manuel Marco, ha informado de que “se trata de una actualización automática del Catastro que no implica necesariamente una subida de la cuota tributaria para el ciudadano, ya que el Ayuntamiento puede ajustar el tipo impositivo”. Marco ha pedido a los grupos de la oposición que “no hagan demagogia ni confundan a los ciudadanos con este asunto” y ha añadido que “sería posible que bajara el tipo impositivo del IBI en 2014”.

Finalmente, el pleno ordinario ha aprobado por unanimidad sendas mociones contra la privatización de los canales del Taibilla y a favor de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

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