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El Pleno aprueba el primer informe de lucha contra la morosidad municipal con cero reclamaciones en el pago de facturas

El Pleno aprueba el primer informe de lucha contra la morosidad municipal con cero reclamaciones en el pago de facturas
  • El consistorio ha introducido programas de gestión para controlar los plazos de tramitación de las facturas y un Portal del Proveedor para su seguimiento

  • El Ayuntamiento puso en enero a disposición de la Conselleria de Educación los terrenos para un nuevo colegio de tres líneas en Castellet-Montoyo

  • Un total de 225 hijos de inmigrantes de 34 nacionalidades están escolarizados en Infantil y Primaria en los doce colegios públicos del municipio

El pleno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprobado el primer informe de lucha contra la morosidad con cero reclamaciones, con el 98% pagadas o en plazo de pago de un volumen de más de nueve millones de euros en el segundo semestre de 2010. El edil de Hacienda ha asegurado que “somos de los que mejor pagamos y de los más transparentes de todos los ayuntamientos de España”.

Transparencia
El concejal de Hacienda, Manuel Marco, ha comentado que “las reclamaciones de facturas hasta la fecha es cero y que la percepción que tenemos es que los proveedores del Ayuntamiento cobra razonablemente bien y sin problemas”. “Igualmente consideramos que están satisfechos con la transparencia que ofrece el “Portal del Proveedor” que les permite hace un seguimiento al minuto de sus facturas a través de la web”, ha añadido Marco.

Manuel Marco ha explicado que “estamos en el camino para acercarnos a los 55 días de plazo de pago en 2010 y 50 en 2011 y además poderlo demostrar”. En este sentido, el edil de Hacienda ha señalado que “a fecha de hoy sobre un total de 3.271 expedientes (desde julio de 2010) se tardó de media 28 días en darse conformidad, 15 días en fiscalizar y contabilizar y 31 días en pagar. En total 74 días de media”.

“Somos de los Ayuntamientos que mejor pagamos a nuestros proveedores en un contexto de crisis económica en la que muchos consistorios tienen dificultades hasta de pagar la nómina a los funcionarios” ha comentado Marco, que ha explicado que a 31 de diciembre se reconocieron 3.284 facturas en el Ayuntamiento de las que el 69% estaban pagadas, el 29% no había vencido el plazo de pago y sólo el 2% estaban vencidas y pendientes de pago.

El edil de Hacienda ha explicado que la ley 3/2004 de lucha contra la morosidad estableció el plazo de pago para las administraciones públicas en 60 días desde la recepción de la factura, plazo que recogió la Ley de contratos del Sector Público 30/2007. El año pasado se introdujo una reducción de los palzos que pasó de 60 a 30 días, con un periodo de reducción progresiva y con la obligatoriedad de presentar informes trimestrales.

Este hecho ha motivado que el Ayuntamiento haya introducido un nuevo programa informático con capacidad para controlar el cumplimiento de los plazos de tramitación (recepción, confirmación, fiscalización, contabilización y pago) y un Portal del Proveedor que permite controlar al momento el estado de tramitación de cada factura a las empresas desde la web. La propuesta ha sido aprobada con el apoyo de PP y PSOE y la abstención de IU

El Pleno también ha aprobado la modificación de la ordenaza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de autogrúa para traslado de vehículos y estancia en los mismos en locales municipales, con el objetivo de redondear el incremento del 1,1% de las mismas aprobada en el pleno del 27 de octubre de 2010.

Puesta a disposición
La alcaldesa también ha anunciado que el 10 de enero puso a disposición de la conselleria de Educación los terrenos para un nuevo colegio público de tres líneas en la zona de Castellet Montoyos, incluido en la ampliación del Creaescola del gobierno autonómico. El anuncio se ha realizado en respuesta a una moción del grupo socialista demandado nuevos centros educativos.

El grupo popular ha rechazado la urgencia de esta moción. No obstante, la edil de Educación, Mª Ángeles Genovés, ha explicado que en los últimos diez años la Conselleria ha invertido 43 millones de euros en la construcción de 11 colegios e institutos en el municipio. En estos últimos cuatro años se han abierto el de La Almazara, el José Ramón García Antón y el IES nº5. También ha recordado otros anteriores como la ampliación del Miguel Hernández, el Jaime I que se hizo nuevo, así como el IES San Vicente y el IES Gaia, además del comedor del CP La Huerta y las Aulas de Infantil de CP Azorín.

Genovés ha cifrado en tres millones de euros la inversión en mantenimiento y mejoras de los colegios existentes, con una media de 200.000 euros anuales que, tal y como ha precisado la alcaldesa, “hacen que los colegios estén en perfecto estado de revista”.

Genovés ha recordado que cuando el actual equipo de Gobierno accedió tomó posesión sólo había un aula de infantil para escolarizar alumnos de 3 años y que en la actualidad existen 25 con todos los alumnos escolarizados en centros oficiales con ratios de 25 alumnos por aula, cuando en Cataluña es de 28. La edil recordó que San Vicente cuenta con cerca de 5.000 alumnos de Infantil y Primaria y otros tantos de Secundaria escolarizados todos en centros educativos y sin recurrir a aulas prefabricadas.

Piedras en el camino
Luisa Pastor ha recordado al portavoz socialista, Rufino Selva, que los terrenos para construir el colegio en el plan parcial Castellet-Montoyos ya se encuentran a disposición de la Conselleria tras la cesión del suelo de los propietarios “proceso en el que usted ha puesto todas las piedras que ha podido en el camino y ha hecho lo imposible para que ese suelo no se pusiese a disposición de la Conselleria de Educación”.

La alcaldesa le recordó a los socialistas actitud en la construcción de colegios en el municipio cuando “en el primer acto al que acudí como concejal del Ayuntamiento para poner la primera piedra del colegio Jaime I, el alcalde socialista y su equipo de gobierno no fueron a recibir al presidente de la Generalitat y dijeron que no se pondría una segunda piedra”.

Pastor le ha remarcado a Selva que “este colegio esta dentro de la programación de la Conselleria gracias a la previsión que hicimos años atrás y que ahora se podrá llevar adelante si la crisis y los fondos los permiten con la puesta a disposición de los terrenos”.

El Pleno ha aprobado sendas mociones del Grupo Popular, la primera con motivo del Día Internacional de la Mujer, apoyada por todos los grupos, en la que se pide expresamente al Gobierno de la Nación “ajustes legislativos para que los niños, hijos de mujeres víctimas de violencia de género, sean también considerados víctimas y se destinen recursos económicos para programas preventivos y terapéuticos”, al tiempo que “profundizar en la línea preventiva que coordina el Observatorio Municipal contra la Violencia de Género”.

La otra moción es el apoyo al acuerdo del Ayuntamiento de Valencia para proponer que las Fallas de Valencia sean declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, con el apoyo de PP y PSOE y la abstención de IU.

El Pleno también ha rechazado la urgencia de dos mociones. Una presentada por el grupo socialista en materia de igualdad entre hombres y mujeres al encontrarse sus propuestas ya recogidas en el Plan Municipal de Igualdad y en la Ley de Igualdad, además de plantear otras que no son competencia municipal como la teleasistencia domiciliaria “en la que no existe lista de espera en San Vicente”, ha comentado la edil de Mujer, Mª Ángeles Genovés.

250.000 euros al SAD
Genovés también ha adelantado que se van a dedicar más recursos en los próximos presupuestos municipales a asuntos sociales como los 250.000 euros al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para atender cuestiones de primera necesidad de las familias.

También se ha rechazado la urgencia de la moción de Izquierda Unida sobre la implantación de una gran superficie comercial en Rabasa (Ikea). El edil de Urbanismo, Rafael Lillo, ha señalado que el Ayuntamiento ha recibido toda la documentación y dado traslado a los servicios técnicos municipales para su estudio y análisis de posibles alegaciones, puesto que el plazo de presentación no expira hasta el 18 de marzo. Lillo ha asegurado a los ediles de IU que “no les quepa duda que como siempre hemos hecho defenderemos los intereses de nuestro municipio”.

Ruegos y preguntas
La edil de Bienestar Social ha respondido a preguntas de IU que hay 225 hijos de inmigrantes escolarizados en colegios públicos del municipio de 34 nacionalidades diferentes, distribuidos de la siguiente forma: Azorín (28), Juan Ramón Jiménez (10), Raspeig (19), Bec de l’Aguila (1), Miguel Hernández (7), La Almazara (48), Reyes Católicos (9), La Huerta (4), Jaime I (10), Santa Isabel (47), José Ramón García Antón (27) y Maigmó (17).

Los países de son: Argelia, Argentina, Armenia, Bolivia, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Cuba, Ecuador, Rusia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Italia, Lituania, Marruecos, México, Portugal, República Dominicana, Rumanía, Ucrania, Uruguay, Camerún, Venezuela, Brasil, Paraguay, Perú, Alemania, Filipinas, Bengala, S. Tomé, Honduras, Gana y Suiza.

Genovés ha dicho que en 2010 se han realizado 27 informes de habitabilidad y 62 de arraigo social; formulado 37 consultas en la asesoría jurídica, 74 familias han solicitado ayudas de emergencia social, con 61 aceptadas, 11 han recibido ayuda a comedor escolar y una a guardería.

También ha respondido la edil que no constan asociaciones de inmigrantes registradas, si la participación de individuos en algunas como Cáritas, Cruz Roja o clubes deportivos, y también ha dicho que no hay ningún porcentaje para hacer un plan de integración.

Asimismo, ha informado de las acciones que se desarrollan desde los Servicios Sociales en apoyo de la población inmigrante que son: primera atención en funciones de información, orientación y asesoramiento, coordinación con entidades de primera acogida y con servicios de traducción e interpretación (Alicante Acoge, Cruz Roja y Acnur), prestación de ayudas económicas dirigidas a cubrir situaciones carenciales y a prestar apoyo de cara a la inserción laboral, prestaciones económicas individualizadas, tramitación de PEIS de acceso a residencia habitual y gestión de ayudas visado inquilinos, ayudas de conciliación (guardería y comedor escolar), gestión del programa de retorno voluntario a través de Cruz Roja y Ministerio, elaboración de informes de arraigo social y de reagrupación familiar, asesoría jurídica, diseño y desarrollo de itinerarios individualizados de inserción social y laboral, apoyo psicosocial a familias con dificultades,…y así hasta 25 actividades.

Fuera de plazo
No se han aceptado a trámite cuatro preguntas del grupo socialista por entrar fuera del plazo de 72 horas que estable el Reglamento Orgánico Funcional (ROF) desde meses atrás y después de haber incurrido en la misma práctica en otras tres ocasiones anteriores. El portavoz socialista ha puesto en duda la legislación que se interpretaba, cuestión que ha obligado a la alcaldesa a recurrir al secretario para desmentir la acusación de Selva.

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