Bienestar Social reduce de nueve meses a uno el tiempo para resolver el pago de la Renta Garantizada de Ciudadanía
La Concejalía de Servicios Sociales ha conseguido reducir durante el último año el tiempo que tardan en resolverse administrativamente las solicitudes para el cobro de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). El edil responsable de este departamento, David Navarro, ha precisado que de los nueve meses que se tardaba al principio de esta legislatura se ha pasado a un mes. “En estos momentos se están recibiendo resoluciones de Conselleria cuya solicitud fue tramitada durante el mes de julio, los tiempos de espera se han acortado considerablemente con respecto a periodos anteriores”.
Navarro ha explicado que “en nuestro trabajo diario la prioridad son las personas, especialmente las que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión”. Siguiendo esta filosofía de trabajo, el edil ha afirmado que “este año hemos incrementado la cantidad destinada al pago de la RGC con cerca de 700.000 euros, cifra que se puede ver superada antes de que acabe el presente ejercicio presupuestario”.
El concejal compara estas cifras con las de otros años: la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha duplicado (52%) en 2016 lo que destinó en 2015; ha dedicado un 48% más respecto al año 2014 (474.000 euros); y un 244% más (286.000 euros) que en 2013.
Navarro ha aseverado que “el ayuntamiento por el momento sigue manteniendo las mismas competencias en lo que se refiere a la RGC que en años anteriores”, en virtud del convenio firmado como entidad colaboradora con la Conselleria aprobado en la sesión plenaria del 25 de febrero de 2009. El edil ha recordado que las funciones del consistorio son las siguientes: recibir y tramitar las solicitudes, verificar el cumplimiento de los requisitos por los beneficiarios, elaborar el Plan Familiar de Inserción, efectuar la propuesta de resolución a la Conselleria y, en los casos que corresponda, realizar los pagos mensuales a los titulares de la RGC.
El edil, no obstante, ha incidido en el hecho de que la asunción de nuevas competencias por parte del ayuntamiento, como es el caso de la resolución de las RGC o la valoración de las personas dependientes, “deben ir acompañadas de más recursos humanos y materiales para mejorar el servicio que ofrecemos a la ciudadanía”.
