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El PP denuncia retraso en el pago de la Renta Garantizada de Ciudadanía a personas en grave riesgo de pobreza y exclusión social

  • El grupo popular alerta de “la sobrecarga de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento que tienen que asumir competencias de la Generalitat”

El grupo municipal del Partido Popular ha denunciado el retraso que se está produciendo en el pago de la Renta Garantizada de Ciudadanía a vecinos de San Vicente del Raspeig que se encuentran en grave riesgo de pobreza y exclusión social. El PP atribuye esta demora principalmente a la "sobrecarga de trabajo que sufren los funcionarios del Ayuntamiento, que se están viendo obligados a asumir cada vez más competencias de la Generalitat".

La concejala popular Mª Ángeles Genovés ha explicado que “muchos vecinos nos están trasladando en las últimas semanas su malestar porque no les llega la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación de carácter universal que va dirigida a personas que no tienen los recursos económicos suficientes para mantener un mínimo nivel de bienestar personal y familiar”.

Genovés ha criticado que “aquellos partidos que llegaron al Gobierno de San Vicente del Raspeig y de la Generalitat Valenciana con la consigna de que venían a rescatar a las personas parece que ya se han olvidado de sus promesas, precisamente con las personas más vulnerables, que son las que se benefician de la Renta Garantizada de Ciudadanía”.

El grupo popular ha explicado que "el retraso en la Renta Garantizada de Ciudadanía se debe fundamentalmente a la sobrecarga de trabajo a la que se está sometiendo a los funcionarios de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, quienes a pesar de su esfuerzo están cada vez más saturados al tener que asumir competerncias que eran propias de la Generalitat, como la valoración de las personas dependientes o la tramitación del programa Xarxa Llibres".

El grupo municipal del PP ha solicitado al cuatripartito de San Vicente "que exija a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que dote a los ayuntamientos de los recursos necesarios antes de obligarles a asumir más competencias de las que la administración local es capaz de gestionar para evitar que los Servicios Sociales acaben colapsados".

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