El PP asegura que la adjudicación del velódromo se realizó con todos los informes técnicos favorables
El grupo municipal del Partido Popular asegura que la adjudicación del contrato de gestión del Complejo Deportivo Sur (velódromo) de San Vicente del Raspeig fue aprobada por la Mesa de Contratación con todos los informes técnicos favorables. En los mismos se argumentaba que la no coincidencia literal entre el objeto social y el del contrato no es motivo suficiente para excluir a una empresa del proceso, ya que la legislación protege la libre competencia.
Este mismo argumento aparece en las alegaciones que ha presentado ahora el Gobierno municipal de San Vicente al informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, y que lleva la firma del alcalde, el socialista Jesús Villar, con fecha 9 de septiembre de 2015.
En estas alegaciones se recoge literalmente que “se estimó que para los dos licitadores presentados, puesto que el objeto social de ambos estaba configurado en términos similares, debía efectuarse una interpretación amplia y pro competencia que derivaba en considerar su capacidad y admitirlos al procedimiento; solución reforzada por haber justificado la solvencia técnica requerida en el contrato”.
El grupo popular recuerda que la adjudicación del contrato de gestión del velódromo la realizó la Mesa de Contratación en base a informes técnicos favorables y respetando la legislación vigente. En este sentido, el PP afirma que “las decisiones del equipo de Gobierno local, en este caso y en todos, se basaron en criterios técnicos que daban cobertura legal a las mismas”.
El Partido Popular defiende que “tan legal fue la adjudicación del contrato de gestión del velódromo en el año 2014 como legal es la decisión del cuatripartito del pasado 5 de octubre de fraccionar hasta octubre de 2017 el pago de las facturas de energía eléctrica, que asciende a casi 12.000 euros, tal y como solicitó la empresa adjudicataria”.
Alegaciones del Gobierno actual
Las alegaciones presentadas por el actual Gobierno local al informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, que no es vinculante, recoge en esencia los mismos argumentos que adujo el anterior equipo de Gobierno para continuar con el proceso de adjudicación del contrato de gestión del velódromo, basado en criterios técnicos.
En estas alegaciones se recoge literalmente que “la Ley de Contratos del Sector Público hace referencia, junto a los fines y al objeto social de las personas jurídicas, al denominado ámbito de actuación. Esto es entendido por diversos órganos consultivos y tribunales contractuales en cuanto que debe ser interpretado el citado artículo en sentido amplio, sin que sea necesaria la coincidencia literal entre el objeto social y el objeto del contrato”.
En las mismas alegaciones presentadas por el nuevo Gobierno local de San Vicente se argumenta que “la finalidad perseguida por la norma no puede convertirse, mediante una aplicación restrictiva, en una limitación de la libre competencia (…) sino favorecer el principio de concurrencia, por lo que debe admitirse cuando el objeto social está redactado en términos amplios y generales”.
