Valencia reclama un fondo específico para el transporte público municipal

El Ayuntamiento Pleno reclama del Gobierno central “la creación de un fondo específico para transporte público municipal” y la presentación ante las Cortes Españolas de un proyecto de ley que plantee de forma adecuada la financiación del transporte público”. Así lo ha aprobado el Pleno Municipal en la sesión de hoy jueves, 25 de junio, con los votos a favor del Equipo de Gobierno y de los grupos municipales Popular y Ciudadanos. El grupo Vox ha votado en contra.

Tal como ha explicado el alcalde en los instantes previos a la sesión plenaria, “es un asunto que ya hemos demandado muchas veces, pero que queremos volver a reiterar una vez más: el transporte público municipal necesita ayudas del Estado, de la misma manera que se han dado apoyos a otros tipos de transporte público puesto que se han producido unas pérdidas económicas muy importantes durante la pandemia”. “Es necesario arbitrar ayudas al transporte público y también una ley de financiación del transporte público”.

Según el texto de la moción planteada, el Fondo Específico para el Transporte Público, que deberá incluir a Valencia, tendrá la finalidad de dotar de recursos suficientes para cubrir la pérdida de ingresos sufrida como consecuencia de la crisis de la COVID-19. El Pleno del Ayuntamiento de Valencia insta también al Gobierno del Estado a la presentación en las Cortes Españolas de “un proyecto de ley que plantee de forma adecuada la financiación del transporte público y las intervenciones necesarias para avanzar hacia el transporte sostenible en las distintas áreas metropolitanas españolas”.

La moción, planteada y defendida por el alcalde, Joan Ribó, se ha presentado como alternativa a una moción inicial del concejal del Grupo Municipal Popular Carlos Mundina que, además de la petición del fondo específico para el transporte, proponía un tema anexo: que entidades como el Consell Valencià de Cultura o la Real Academia de Bellas Artes San Carlos elaboren un dictamen sobre las afecciones de tres BIC ubicados en la Calle Marqués de Dos Aguas-Poeta Querol, “por el incremento de la Intensidad Media Diaria (IMD), desvío del tráfico privado y de varias líneas de la EMT, y por el consiguiente aumento del nivel de polución, así como un pronunciamiento sobre el diseño, intervención, reordenación y mobiliario instalado en la plaza del Ayuntamiento".

La moción del alcalde se ha centrado en la financiación y legislación sobre el transporte urbano, que ha hecho extensible a todas las ciudades del Estado “por lealtad personal a todos los alcaldes, de todos los colores políticos, que estamos en la misma reclamación”, ha afirmado.

La portavoz popular, María José Catalá, ha respaldado que València “no se quede excluida de esta financiación”, pero ha señalado que “algunas autonomías sí han gestionado de manera que los recursos sí que les han llegado, como Barcelona y Madrid”, mientras que a la Comunidad Valenciana “los fondos han llegado pero muy insuficientes y muy discriminatorios”. Por eso ha instado a pedir, mejor que una nueva ley, un contrato-programa, “que es más rápido”. El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés ha manifestado también el apoyo de su grupo a la moción del Gobierno, y también a la inicial del PP, pero ha reclamado que la iniciativa se lleve a cabo “desde la negociación y el acuerdo y no desde la pancarta”. Únicamente el regidor de Vox Vicente Montáñez se ha posicionado en contra, tanto de la moción del Gobierno, como en la “postura de buenismo del PP, que facilita el camino a Grezzi y su EMT”, y ha instado a convertir la EMT en una empresa de servicio metropolitano.

El alcalde ha asegurado que la aprobación de una ley específica y la creación de un fondo estatal son “un elemento imprescindible, porque una de las consecuencias más evidentes de la pandemia es el efecto sobre el transporte público”. Ribó ha lamentado que “la Generalitat bajo gobierno del PP disolvió en su día la Entidad Metropolitana de Transportes, y de ahí deriva la situación actual”. El alcalde ha calculado la cantidad de fondos que sería razonable según la población del área metropolitana, unos 38 millones de euros, y ha recordado que desde el Ministerio se ha anunciado la creación de un fondo específico para el transporte municipal, “y eso es lo que pedimos para todas las ciudades”.

LOS ESTATUTOS DE LA EMT

Precisamente, la EMT ha sido objeto de otro punto de debate del orden del día del Pleno, tras la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos de modificar el artículo 3 de los estatutos de la entidad, que define su objeto social, extremo que no ha salido adelante, al sumar únicamente los votos de los grupos de la Oposición municipal.

El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés ha criticado la modificación estatutaria impulsada en 2018, “cuando el concejal Giuseppe Grezzi aprovechó y montó el ‘lobby de la EMT’ con muchas más competencias de las razonables”, según sus palabras. El edil ha defendido que la EMT se dedique a prestar un servicio de transporte “y no invadir competencias de urbanismo, y hacer plazas”.

Tanto el PP (Carlos Mundina) como Vox (Vicente Montáñez) han apoyado la moción de Ciudadanos. El concejal de Voz ha asegurado que la propuesta “trae la cordura a los estatutos de la EMT y deshace algo que nunca se debió haber hecho”, mientras que Mundina ha asegurado que “quien mucho abarca, poco aprieta”, y ha criticado los gastos derivados de la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento y de la gestión del Parking Ciudad de Brujas.

El concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, ha lamentado que la oposición municipal “haga campaña contra todas las medidas de movilidad que impulsa el Ayuntamiento”, y que su “estrategia de partido, año a año, sea ir contra mí, en lugar de aportar propuestas”. El edil ha recordado que el cambio de la razón social se hizo desde la responsabilidad, con el acuerdo de todo el Gobierno, con las actuaciones y funciones de cada Concejalía bien delimitadas”, y ha puntualizado que los estatutos de la EMT de Madrid, donde gobiernan PP y Ciudadanos, también incluyen en sus competencias aspectos de gestión de ingeniería y consultoría de cualquier materia relacionada con el transporte de viajeros. “¿Por qué en Madrid pueden hacer proyectos, gestionar aparcamientos y aquí no se puede hacer?”, se ha preguntado.

La propuesta sólo ha sido respaldada por Ciudadanos, PP y Vox, por lo que no ha salido adelante.