Valencia pide renovar el Consell de Transparencia e implicación de los partidos en la lucha contra la violencia machista

El Pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado hoy una propuesta del equipo de gobierno para instar a Les Corts a que “a la hora de decidir la composición de los diferentes órganos y entidades que por razones de competencia los corresponda, que se abstengan de nombrar personas sobre las cuales hayan recaído condenas previas por violencia de género al objeto de que esta situación no se vuelva a repetir”. Con esta moción, el Ayuntamiento también ha pedido al candidato de Vox en la Generalitat, Carlos Flores Juberías, nombrado a propuesta del Partido Popular, “a renunciar a su cargo en el Consell València de Transparencia por la incompatibilidad moral de haber sido condenado por delitos relativos a la violencia machista”.

Esta iniciativa de gobierno, que ha salido adelante con la abstención de Ciudadanos y del Partido Popular y el voto en contra de Vox, lo ha defendido la concejala de Igualdad y Políticas de género, Lucia Beamud, quien ha hablado del “contexto de emergencia feminista en el cual nos encontramos, y en el cual es necesario que los partidos políticos, como instrumento fundamental de la participación política, tomen todas aquellas medidas que tengan a su alcance para luchar contra las violencias machistas, que tienen su máxima representación con los asesinatos”.

Lucia Beamud ha pedido “la renovación del Consejo de Transparencia” y ha subrayado que “los partidos políticos tienen que implicarse en la lucha contra las violencias machistas no solo a la hora de gobernar, sino también cuando se elaboren las listas electorales o se nombren representantes ante los diferentes órganos y entidades”.

En el debate generado al respeto, el portavoz de Vox, José Gosálbez, ha considerado que “esta moción no es objeto de debate en este Hemiciclo”, y ha defendido que “no se puede cesar a una persona si no hay motivo legal para hacerlo”; mientras que la concejala de Ciudadanos (Cs) Rocío Gil, ha aprovechado su intervención para hablar de “la disminución de recursos destinados a la lucha contra la violencia de género”. Y la concejala del Partido Popular (PP) María José Ferrer San Segundo, quien ha rechazado cualquier manifestación de violencia, ha asegurado que el PP ya ha pedido la renovación de los miembros del Consejo de Transparencia y ha propuesto, como moción alternativa que ha sido rechazada, que el Ayuntamiento pida a Les Corts la aprobación de esta renovación a principios de febrero.

Contra la exclusión financiera de las personas mayores

Por otra parte, el Pleno ha acordado, con el voto de Ciutadans y la abstención de PP y Vox, una moción de gobierno para “exigir a las entidades bancarias que mejoren la accesibilidad y la atención a las personas mayores, y que mantengan el uso de la cartilla de ahorros con las personas que así lo necesiten, eliminando comisiones”

Esta moción ha sido defendida por la vicealcaldesa y concejala socialista, Sandra Gómez, quien ha argumentado las “serias” dificultades que tienen las personas mayores “para poder tener una relación de calidad y de confianza con sus oficinas bancarias, que dejan fuera de sus servicios a quienes está más castigado por la brecha digital”.

Mejoras condiciones sociales para las personas migrantes

El Ayuntamiento también ha manifestado hoy su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular “Esenciales” para la regularización extraordinaria de personas migrantes en el Estado español, registrada en diciembre de 2022; así como a la proposición de ley que establece una regularización extraordinaria para personas extranjeras.

Según esta moción, que ha sido aprobada con la abstención del PP y Ciudadanos y el voto en contra de Vox, y ha sido debatida a instancia del equipo de gobierno, el Ayuntamiento dará traslado de este acuerdo plenario a la Plataforma “Esenciales” y en el Congreso de los Diputados. Además, el consistorio continuará trabajando para garantizar las mejores condiciones sociales de las personas migrantes que llegan a nuestra ciudad, y apoyará en las ONG que trabajan desde el plan de la integración la interculturalidad.

En este punto ha intervenido en nombre de la Asociación Intercultural Candombe, Silvana Cabrera, quien ha defendido los derechos humanos de las personas migrantes y la regularización de quien contribuye en un país diverso y democrático.

La concejala de Cooperación, Maite Ibáñez, ha recordado “las políticas migratorias que reciben apoyo del Ayuntamiento para contribuir, por ejemplo, a mejorar la situación económica de muchas personas migrantes y luchar contra el mal de economía sumergida”. Y la concejala de Igualdad, Lucia Beamud, ha intervenido para pedir “una reflexión para apoyar a todas estas personas que son esenciales, puesto que trabajan en diferentes tareas que resulten esto: esenciales, y merecen justicia social”.

“Voluntad negociadora” con el vecindario de Peña-roja

En la sesión plenaria también se han debatido conjuntamente y, finalmente, rechazado, dos mociones de los grupos de la oposición relacionadas con el barrio de Penya-roja. Por una parte, el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés ha demandado que “el Ayuntamiento abra el diálogo y se comprometa para ejecutar las inversiones pendientes en el mencionado barrio del distrito de Caminos al Grau”. Y en la misma línea, desde la bancada popular, la concejala María José Ferrer San Segundo ha solicitado que “los terrenos recalificados vuelven a ser para servicios públicos como, por ejemplo, un centro de salud que es el recurso más demandado”.

Antes del debate suscitado al respeto, se ha escuchado la voz de un representante de la Asociación de Vecinos de Penya-roja, Fernando Argente, quien ha reclamado “que el Ayuntamiento pacte el final de un conflicto en el que el Tribunal Superior de Justicia ya ha dado la razón al vecindario en sus reclamaciones contra los planes urbanísticos municipales para los solar de la antigua fábrica de Tabacos”.

Como alternativa, el Pleno ha decidido, a instancia del equipo de gobierno y sin apoyo del resto de grupos municipales, “que, una vuelta solicitada la suspensión por ambas partes en el proceso judicial, el Ayuntamiento continuará con su voluntad negociadora para conseguir una solución concertada y evitar las perniciosas consecuencias que la sentencia de Tabacalera tiene para el Ayuntamiento y las familias que han adquirido propiedades de buena fe”.

Así mismo, tal como ha explicado la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, “el Ayuntamiento estudiará las posibles responsabilidades jurídicas y patrimoniales de los responsables políticos de la operación Tabacalera sobre los perjuicios y daños que está ocasionando al erario público del Ayuntamiento de València”.

Durante la sesión plenaria se han debatido otras tres mociones planteadas por los grupos de la oposición Popular y Vox, que han sido rechazadas por la Corporación. En primer lugar, el Pleno ha rechazado la moción suscrita por concejal José Gosálbez, portavoz del Grupo Vox, sobre la aplicación de tarifas de carácter  social y exenciones de pago a las familias valencianas de rentas bajas y en situación de vulnerabilidad. Tampoco ha contado con el respaldo del Pleno la propuesta del grupo popular planteada por el concejal Carlos Mundina sobre la calle Colón. Y, finalmente, se ha desestimado la propuesta también de Vox sobre el cese del gerente y presidente de la EMT.