València se declara ciudad libre de odio y discriminación

El Pleno ha corroborado que el Ayuntamiento rechaza cualquier forma de exclusión discriminatoria por razón de nacimiento, raza, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. De esta manera, València se ha declarado «como ciudad libre de odio y discriminación», y como tal «ha manifestado su firme condena ante cualquier acto de violencia por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a ideología, religión o creencias, situación familiar, pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, dolencia o discapacidad».

Con estas palabras, la concejala de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI, Lucia Beamud, ha defendido la moción alternativa que el equipo de gobierno ha presentado y acordado, sin el apoyo de los grupos de la oposición, ante una propuesta de Vox «contra la violencia y la discriminación». El acuerdo de gobierno se ha tomado para aclarar «que al ejecutivo municipal le preocupa enormemente esta materia por el peligro que supone para la democracia y para la convivencia». De hecho, ha aseverado la concejala, «el Ayuntamiento ha manifestado reiteradamente su rechazo a cualquier forma de discriminación con medidas concretas como, por ejemplo, la declaración institucional aprobada en el Pleno de octubre de 2017 para las libertades democráticas y una convivencia libre de violencia en la Ciudad de València o la apertura de una oficina de atención frente a los delitos de odio y actos discriminatorios».

En el debate plenario generado al respeto, el portavoz de Vox, José Gosálbez, ha destacado «el interés de su grupo para acatar la normativa vigente». Por eso, ha solicitado al Pleno «que el Ayuntamiento se manifieste y defienda la igualdad social, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Seguidamente, la concejala de Ciudadanos Rocío Gil, que ha apoyado a la propuesta de Vox, ha expresado que «la violencia se tiene que condenar con hechos»; mientras que la edil Popular María José San Segundo ha pedido la auto revisión de esta propuesta «por incoherencia». «Lo que pide la moción es que se cumpla la Constitución», ha aclarado.

Lucia Beamud ha argumentado que «resulta paradigmático que justamente hablen de discriminaciones concejales de un partido que enarbola la bandera de la xenofobia, y que se alimenta electoralmente del fomento del odio», en alusión a hechos que –según ha aclarado Gosálbez- «están en proceso de investigación».

«València es una ciudad abierta y acogedora», ha reiterado la concejala Lucia Beamud que ha aprovechado su intervención para explicar que el trabajo contra el odio y la discriminación se está materializando en, por ejemplo, el Plan Estratégico Municipal de Convivencia de la ciudadanía bajo el amparo de La Estrategia Valenciana para la Igualdad de Trato, la No-Discriminación y la Prevención de Delitos de Odio 2019-2024.

«Este Plan tiene que diseñar y desarrollar políticas de derechos humanos, como por ejemplo el desarrollo del derecho de ciudadanía, la lucha contra el discurso del odio y la discriminación, y el trabajo por la plena ciudadanía, y se materializará en la Oficina de No Discriminación de la ciudad (ONDIS) de la que ya se está trabajando en la redacción del proyecto de obra. La ONDIS tendrá como misión conseguir la igualdad efectiva de toda la ciudadanía y luchar contra cualquier forma de discriminación o propagación del odio», ha concluido.

CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGO DE INUNDABILIDAD DE LA CIUDAD

Entre otro orden de asuntos, el Pleno también ha decidido, con el apoyo del equipo de gobierno y de los regidores y regidoras de Ciudadanos y PP, instar a la Confederación Hidrográfica del Júcar a revaluar el impacto del cambio climático y el riesgo de inundabilidad a la ciudad de València.

Este acuerdo se ha tomado como alternativa a otra moción defendida por José Gosálbez en nombre de Vox, para reclamar «la ampliación del Plan Sur». Concretamente, este edil ha solicitado «que el Ayuntamiento inste a las administraciones implicadas, la estatal y la autonómica, a la toma de decisiones necesarias para garantizar una mayor seguridad en la ciudad de València ante una posible gran inundación».

En este punto, el regidor de Ciudadanos Narciso Estellés, que ha recibido la propuesta con satisfacción «por ser oportuna», ha asegurado que, «al menos hay que llevar a cabo un estudio para conocer la situación actual». Por su parte, el concejal del Grupo Popular, Juan Giner, ha considerado que «todas las actuaciones para prevenir los riesgo de inundación son bienvenidas», y ha propuesto «in voce» que sea el Ayuntamiento quien desarrollo un estudio al respeto.

La concejala del Ciclo Integral del agua, Elisa Beamud, que ha asegurado que «el riesgo de inundación en el área urbana consolidada no existe», ha defendido que «la capacidad hidráulica de la ciudad no es la del momento que se aprobó el Plan Sur», y que «el equipo de gobierno, por supuesto, apoyará a cualquier medida para mejorar esta capacidad, siempre que sea viable y beneficiosa para València». Con todo, ha afirmado, «que hace falta se dirigirse a la administración competente porque *revalúe las infraestructuras hidráulicas de la ciudad así como la capacidad de reaccionar ante las posibles incidentes consecuencias del cambio climático».

Por otro lado, el Pleno ha debatido, a instancia de los seis regidores y regidoras de Ciutadans el cese del regidor de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, una propuesta que el Pleno no ha acordado porque, tal como ha reiterado el alcalde de València, Joan Ribó, la gestión de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) se manifiesta en cifras. De esta manera ha hablado del incremento del 9,7% del número de viajeros de la EMT, de la recuperación de los fondos propios, o de la ampliación del número de títulos y abonos. Además, ha añadido el alcalde, «la EMT es una empresa reconocida, con un notable índice de satisfacción de sus usuarios y usuarias, y una flota renovada con autobuses eficientes y sostenibles».

El portavoz del grupo, Fernando Giner, ha manifestado que, «además del presunto fraude de la Empresa Municipal de Transporte, hay que cuestionar la gestión de la EMT». Esta propuesta ha contado con el apoyo del Partido Popular, porque, según ha explicado el portavoz de Vox, José Gosálbez, «tendría que haber posado el cargo a disposición de la ciudadanía al hacerse público el fraude, y reconocer los errores de gestión».

En la misma línea, se ha manifestado el regidor popular Carlos *Mundina quien ha pedido, «con respeto», la dimisión del regidor de Movilidad «porque habido ocultismo y mala práctica empresarial, y esto no es una cuestión baladí».

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y RECHAZO DE LA VIOLENCIA

En el transcurso del Pleno, el vicealcalde Sergi Campillo ha intervenido «para defender el derecho fundamental de la libertad de expresión e ideológica», y ha argumentado «el rechazo de propuestas que fomentan el discurso del odio». Así, ha rebatido la moción que ha defendido el concejal José Gosálbez de Vox, que ha suscitado el debate en torno «a la colaboración del Ayuntamiento con algunas entidades».

Gosálbez ha asegurado que, actualmente, «se utilizan recintos públicos para hacer política y clientelismo, mientras que, en representación del PP, la concejala María José San Segundo, ha solicitado «la retirada el apoyo a entidades que atacan el orden institucional, y que sólo consiguen fracción social y pobreza».

Sergi Campillo, que ha calificado «de extrema derecha» estos argumentos, ha asegurado que «quien gobierna no debe olvida los derechos fundamentales».  «La propuesta de Vox implica una forma de entender la política, y que reclama que no se respalde entidades totalmente legítimas, una postura que no comparte el equipo de gobierno municipal que no mira el sesgo ideológico de las entidades a la hora de conceder subvenciones, porque en un estado de derecho los únicos que pueden condenar situaciones ilegales son los jueces», ha afirmado Campillo.

En la sesión plenaria también se ha acordado «manifestar el más profundo rechazo de la corporación a los disturbios y actuaciones violentas que se vienen produciendo en las calles de diversos municipios de Cataluña en las últimas jornadas, y se ha condenado cualquier tipo de comportamiento, sea cual sea su procedencia, que coarte la libertad o atente contra la convivencia pacífica de las personas en sus ciudades».

Así se desprende del texto de la propuesta alternativa a la moción presentada por el Partido Popular  y defendida por su concejala María José San Segundo.  Según la moción de gobierno, explicada por la vicealcaldesa Sandra Gómez, y el concejal Carlos Galiana en el Pleno, «el Ayuntamiento de València insiste en que el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación no puede derivar en ningún momento hacia la violencia y condena, en consecuencia, cualquier actuación o disturbio que, de manera oportunista, se ampare en estas libertades».

«El Ayuntamiento, que ha hecho un llamamiento al respeto de la legalidad, la defensa de la Constitución, y la unidad democrática, considera que garantizar los derechos a la ciudadanía forma parte de las responsabilidades de las instituciones, entre ellas, los Gobiernos Locales, y por ello ha mostrado su apoyo a todos los responsables locales que durante estos días defienden esos derechos, así como a las instituciones, gobiernos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y quienes, responsablemente, trabajan por la libertad y seguridad de sus vecinos y vecinas», concluye el texto aprobado.