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Urbanismo rechaza una moratoria en el inicio de las obras del sector de la Font de Sant Lluís

    La Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda rechazará el lunes la petición de suspensión temporal del PAI de la Font de Sant Lluís solicitada por el agente urbanizador, la empresa Analyst Invierte 21 SL, y le insta a comenzar las obras de urbanización del sector en cumplimiento del convenio suscrito.

    Así lo ha anunciado hoy el concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda, Vicent Sarrià, quien ha recordado que la suspensión temporal de los programas de actuación integrada, PAI, se incluyó, como consecuencia de la crisis económica, en la ley autonómica de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas, aprobada en 2012.

    La LOTUP, aprobada posteriormente, también recogió esta posibilidad, para facilitar a los agentes la urbanización de los terrenos y no tener que resolver las adjudicaciones, lo que obligaba a empezar de nuevo su tramitación.

    Este sector, tal como ha comentado Sarrià, se adjudicó en la sesión plenaria de marzo de 2005, e incorporaba el proyecto de urbanización. En el año 2006 se aprobaron las cargas de urbanización a repercutir a los propietarios, que ascienden a 32 millones de euros. La reparcelación de los terrenos se aprobó en 2012 y desde entonces el agente urbanizador tenía la oportunidad de iniciar las obras.

    Sin embargo, dicho agente urbanizador no ha realizado las modificaciones que los servicios técnicos municipales solicitaron al proyecto de urbanización, ni tampoco ha cumplido con sus obligaciones de pagar a los propietarios sus indemnizaciones económicas. Por ello, no reúne los requisitos para otorgarle la suspensión temporal, ya que agrava la inseguridad jurídica de los propietarios al alargar en el tiempo la situación descrita.

    El Ayuntamiento, además, advierte expresamente al agente urbanizador que está incumpliendo las obligaciones esenciales derivadas del acuerdo de adjudicación del PAI y del convenio suscrito, lo que puede conllevar la imposición de las penalizaciones establecidas en dicho convenio e incluso la resolución de la adjudicación.

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