Podem València pide también la dimisión del presidente de la Autoridad Portuaria
El partido morado se suma así a la petición de dimisión de Aurelio Martínez formulada por la Comisión Ciutat-Port por un supuesto trato de favor al naviero Vicente Boluda
Podem València se ha sumado a la petición de dimisión de Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), formulada por la Comisión Ciutat-Port, al considerar que se pudiera haber incurrido en la ilegalidad al haber dado un trato de favor a Vicente Boluda, naviero, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios y miembro del Consejo de Administración de la APV.
Boluda fue beneficiario de una permuta de concesiones derivada del proyecto de ampliación del Puerto de Valencia sobre la que un informe de la Intervención del Estado considera que “suficientes indicios de ilegalidad”. Podem València, al igual que la Comisión Ciutat-Port, pide la dimisión de Aurelio Martínez al opinar que es el “máximo responsable de una operación más que irregular”.
Como se recordará, el proyecto de ampliación del Puerto de Valencia, al que se opone radicalmente Podem del País Valencià, contempla en cambio de ubicación de los muelles, que se anclarían en los actuales diques de abrigo. Esto tiene como consecuencia el traslado de la terminal de cruceros de esa zona a la de los astilleros de la antigua Unión Naval, empresa de Vicente Boluda, miembro también del Consejo de la APV. Esto supuso el rescate de la concesión de Unión Naval que ya no se utilizaba y cuyo contrato expiraba en 2027. A cambio, la APV aprobó una compensación a Boluda en forma de otra concesión de treinta y cinco años para construir dos torres de oficinas de trece pisos. Al parecer, el propio Boluda participó al menos en una votación para aprobar esta operación. La segunda beneficiaria de este cambio fue Baleària, única empresa que se presentó al concurso para construir la nueva terminal de pasajeros en los antiguos astilleros, bastante más cerca del casco urbano, algo que supone también un incremento de la contaminación ya que estos buques son altamente contaminantes y va en la dirección contraria a lo que ocurre en todas las ciudades que tienen este tipo de turismo, que están alejando las terminales de la ciudad.
Ante las denuncias de la Comisión Ciutat-Port, integrada por más de un centenar de colectivos vecinales y ecologistas, hubo una investigación por parte de la Intervención del Estado, cuyo informe expresa que “la operación de rescate de las concesiones de Unión Naval de Valencia presenta las suficientes lagunas para concluir que no se han defendido adecuadamente los intereses de la Autoridad Portuaria. A su vez existen suficientes dudas razonables sobre la legalidad de la misma". Y añade que "no se han estudiado en profundidad otras alternativas a la elegida como podrían ser el incumplimiento de la concesión, el rescate parcial o el mero transcurso del tiempo hasta la extinción de la misma". Según la Comisión Ciutat-Port, "la Intervención pone de relieve que Boluda participó en la primera votación relacionada con el rescate de su propia concesión, lo que puede suponer un conflicto de intereses, motivo por el cual en las sucesivas votaciones deja de participar".
Visto este informe, la APV solicitó una resolución a la Abogacía del Estado que confirma que la operación puede suponer un quebranto de los intereses públicos, motivo por el que recomienda que se inicie la incoación de procedimiento de lesividad contra las resoluciones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) sobre el rescate de concesiones de Unión Naval de Valencia SA.
Todos estos hechos han motivado que la Comisión Ciutat-Port haya pedido la dimisión de Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, estimando que “Aurelio Martínez, como máximo representante de la entidad pública APV, es el responsable último de que se impulsase ese rescate innecesario y se diese conformidad a un precio que la APV podría haberse ahorrado tan solo declarando caducada la vieja concesión abandonada por Unión Naval de Levante”. Además, abunda Ciutat-Port, “se adoptó un acuerdo totalmente irregular que, además del trato de favor a un empresario, supone pagar una compensación por unos terrenos que podrían haberse recuperado gratis”.
La Comisión Ciutat-Port también denuncia que Aurelio Martínez “pretende ahora salvar lo ocurrido mediante la simple fórmula de incluir en el orden del día del Consejo de Administración del próximo 29 de junio una ´declaración de lesividad´ del acuerdo anterior de rescate, esto supone intentar ocultar la gravedad del hecho de que se llevó a cabo una operación para beneficiar económicamente a una empresa en particular”.
Todos estos hechos han llevado a Podem València a pedir también la dimisión de Aurelio Martínez como máximo responsable de lo que Chelo Poveda, portavoz de la formación morada en Valencia, considera “una operación difícilmente digerible no solo desde el punto de vista de la ética más elemental, sino de la legalidad. Cayendo en el tópico de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, mientras Vicente Boluda hacía el guiso, Aurelio Martínez era el chef responsable de la cocina”.
