El MARM informa al Ayuntamiento de la situación en la que se encuentran los establecimientos de hostelería instalados en el Paseo Marítimo de la Malvarrosa
La Demarcación de Costas en Valencia, dependiente de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), se ha reunido este jueves en su sede con representantes del Ayuntamiento de Valencia para tratar la situación de los establecimientos de hostelería instalados en el Paseo Marítimo de la Malvarrosa.
Durante el encuentro, al que ha asistido también una representación de los hosteleros, la Demarcación de Costas ha informado con detalle al Ayuntamiento de Valencia de la situación en la que se encuentran estos establecimientos, que ocupan el dominio público marítimo - terrestre.
En este sentido, y a lo largo del último año, los interesados se han comprometido y han consensuado en diversos encuentros con Costas a retirar los cerramientos anexos a las concesiones actualmente vigentes, una vez obtenidas las licencias de obras correspondientes por parte del Ayuntamiento. No obstante, los interesados no disponen a fecha de hoy de dicha licencia, transcurridos más de dos meses desde que los concesionarios la solicitaron.
Por este motivo, el MARM ha aceptado con flexibilidad que el desmontaje se pueda prolongar hasta que los concesionarios dispongan de todos los permisos necesarios o, en cualquier caso, hasta que el plazo establecido para ello haya expirado.
Una vez materializado el desmontaje, las instalaciones se ajustarán a las disposiciones establecidas en la Ley de Costas y su Reglamento y disfrutarán de un título de ocupación con vigencia hasta junio de 2013.
Además, con el objetivo de que los establecimientos de hostelería sigan dando servicio a los ciudadanos y usuarios de la playa de la Malvarrosa, el MARM ha expresado su voluntad de continuar dialogando y trabajando por las nuevas concesiones de ocupación de cara al futuro una vez finalicen las vigentes, que disfrutan de una prórroga de cinco años.
De este modo, se pretende que los futuros concesionarios adjudicatarios gocen de seguridad jurídica conforme a la Ley en los términos que estos nuevos títulos establezcan.
