El ayuntamiento inicia los trámites para regularizar la fachada marítima de El Cabanyal-Canyamelar
La Junta de Gobierno Local ha aprobado dejar sin efecto un acuerdo de 2005 que paralizaba la regularización de las concesiones del suelo de la calle de Eugenia Viñes, Pavía y Astilleros. El terreno afectado, de casi 25 hectáreas del frente marítimo, fue permutado al Ayuntamiento por parte del Ministerio de Obras Públicas en 1990.
El Ayuntamiento adquirió mediante permuta con el Estado una parcela de 244.953 metros cuadrados que, con el paso de tiempo y como consecuencia de la regresión del mar, perdió sus características naturales de playa y, en consecuencia, su naturaleza de dominio público marítimo-terrestre. La permuta se formalizó en febrero de 1990.
Sobre dicha parcela, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo había otorgado diversas concesiones que se transmitieron al Ayuntamiento, y que no podían ser regularizadas, ya que por acuerdo de la Junta de Gobierno de noviembre de 2005 se acordó la no enajenación directa a los concesionarios de las parcelas.
Las concesiones se hicieron desde 1904 hasta 1928 y, por aplicación de la ley de patrimonio entonces vigente, el plazo máximo de duración es de 99 años. “Pero en el momento actual, con el fin de incentivar un proceso de recuperación urbana mediante la actuación de la iniciativa público-privada, y en coherencia con el documento de consenso firmado el pasado 5 de mayo de 2015 por los representantes de los partidos políticos y organizaciones sociales, en relación al estado actual y futuras actuaciones en El Cabanyal-Canyamelar, se considera necesario dejar sin efectos aquel acuerdo de la Junta de 2005”, ha explicado la concejala de Gestión de Patrimonio Municipal, María Oliver.
Por eso, esta mañana la Junta de Gobierno ha procedido a dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de 2005, con el fin de regularizar la situación de las concesiones existentes. “El objetivo último es la reactivación social y urbanística del barrio mediante una actuación dialogada con los particulares, asociaciones de vecinos y entidades sociales representativas.”
“Tenemos constancia, además, del deseo manifestado por algunos vecinos de comprar una vivienda en la zona afectada y también de la preocupación de los concesionarios (o sus legítimos herederos) que ven sus propiedades sujetas a esa caducidad de la concesión.”
“Después del acuerdo de hoy, el Servicio de Gestión del Patrimonio Municipal inicia la regularización estudiando pormenorizadamente caso por caso para encontrar la solución que satisfaga a todas las partes implicadas y, por encima de todo, que beneficie el bien común.”
