EU denuncia por prevaricación contra la moción aprobada por el PP para otorgar licencias en el Cabanyal
Los concejales del grupo municipal de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis y Rosa Albert, junto con el abogado José Luis Ramos, han presentado esta mañana ante la Fiscalía una denuncia por el delito de prevaricación por autoría y omisión del Código Penal contra quienes resulten autores directos de haber denegado licencias de obras de rehabilitación a la vez que se autorizaba un proyecto de urbanización en el ámbito del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar, así como haber mantenido la suspensión de licencias de obras sin haber seguido el procedimiento preceptivo. Según ha explicado Sanchis a las puertas de la Ciudad de la Justicia, “ya hace cinco años que había un informe de la Abogacía del Estado en el que se defendía que la concesión de licencias se podía hacer y que la Orden del Ministerio de Cultura en ningún momento frenaba esta posibilidad”.
El también candidato de EUPV a la Alcaldía de Valencia ha insistido en que la denuncia de la formación de izquierdas va contra la moción que aprobó la Junta de Gobierno Local el viernes pasado y mediante la cual se decidía otorgar licencias en el barrio del Cabanyal “porque consideramos que se ha cometido un delito de prevaricación”.
Es decir, “el único interés y la única argumentación que tiene la señora Barberá y el PP de aprobar esta moción es estrictamente electoral y no aporta ninguna razón jurídica nueva que no fuera ya expuesta previamente. Se trata de ponerse una medalla pero que, al mismo tiempo, es una prevaricación porque lo que evidencia es que todos estos años en los que se han negado a conceder licencias, lo hacían únicamente por el capricho de la alcaldesa de Valencia”, ha defendido el concejal.
Según argumenta el grupo municipal en la propia denuncia planteada esta misma mañana, “no se ha dado ninguna nueva circunstancia, fáctica ni jurídica, que no se diera ya desde el mismo momento de la publicación de la Orden del Ministerio de Cultura y, por tanto, que no nos intente vender el PP como novedad que ahora tiene el consentimiento del Ministerio ya que éste no le ha dicho en los últimos días nada que no le hubiera dicho ya mediante el informe jurídico de fecha de 15 de septiembre de 2010 de la Abogacía del Estado, que hizo público la Secretaría General Técnica del Ministerio”.
Asimismo, el edil también ha indicado que si el equipo de gobierno del PP tiene honor, “debe reconocer que son razones políticas las que le ha hecho cambiar de actitud, es decir, el cambio de criterio obedece a un criterio político de oportunidades de intereses de partido y no del interés general”. “El cambio de criterio trata de evitar que dentro de dos meses sea otro, u otros partidos, quienes se marquen el tanto de conceder licencias”, ha dicho Amadeu Sanchis.
“Es más, -ha añadido el portavoz del grupo municipal de EUPV en el Ayuntamiento de Valencia- hay hechos que acreditan la arbitrariedad con la que el equipo de gobierno del PP ha negado licencias de rehabilitación durante más de cinco años como, por ejemplo, que no se ha seguido el procedimiento establecido para acordar la suspensión de licencias, que no se ha publicado en el periódico oficial establecido legalmente la suspensión, que se ha mantenido la suspensión por un periodo superior a 5 años cuando el plazo máximo establecido es de 2 y, por último, que en las mismas fechas que se negaba licencia de obras, en el mes de agosto de 2012, el Ayuntamiento ejecutó un vial que no se contempla en el PGOU de Valencia sino en el PEPRI anulado”.
Cabe recordar que la construcción de este vial, que va desde la calle Doctor Lluch hasta ninguna parte y que el mismo proyecto que tramita el Ayuntamiento no lo contempla, ya fue denunciado por Esquerra Unida, demanda que ha sido admitida a trámite por la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Cultura por dejar hacer al Consistorio dicha obra, tal y como ya hizo público la pasada semana la formación de izquierdas. “Es evidente que resulta arbitrario negar licencias de obras de rehabilitación, so pretexto de estar suspendida toda ejecución para ejecutar un vial que no está contemplado en ningún plan vigente”, ha concluido Sanchis.
