El Ayuntamiento condenado a pagar intereses de demora por facturas de la contrata de grúa

La concejala del grupo municipal de Esquerra Unida, Rosa Albert, ha sacado a luz hoy un nuevo pago al que tiene que hacer frente el Ayuntamiento de Valencia tras conocer que la Junta Local de Gobierno aprobó en la sesión celebrada el pasado viernes el consentir y cumplir una sentencia dictada por el juzgado número 6 de lo Contencioso Administrativo que condena al Consistorio al pago de 41.242 euros en concepto de intereses de demora, cantidad a la que habrá que añadir los intereses legales correspondientes devengados desde la fecha de interposición del recurso, además de las costas procesales que se limitan a 1.500 euros, a la empresa UTE-Servicleop, S.L- CLEOP S.A  que gestionaba el servicio de grúa, por el retraso en el pago de determinadas facturas del contrato de retirada de vehículos de la vía pública.

Para Albert, “el Ayuntamiento debe asumir la responsabilidad de su falta de diligencia política que queda demostrada en éste y en otros casos ya que, desgraciadamente, algo que debería ser excepcional como es el acudir a los tribunales, al final se ha acabado convirtiendo en habitual y, por tanto, ahora a esos intereses de demora hay que añadir las costas procesales y los intereses generados desde la interposición del recurso que pagaremos, una vez más, todos los valencianos y valencianas”.

Asimismo, la edil ha señalado que a esta cantidad hay que añadir los 79.000 euros a los que también fue condenado el Ayuntamiento el pasado año y que EUPV denunció en agosto de 2014. Por entonces, el mismo Juzgado condenó al Consistorio al pago de dicha cantidad en concepto de intereses de demora, cantidad a la que tuvo que añadir los intereses legales correspondientes devengados desde la fecha de interposición del recurso, además de las costas procesales por el retraso en el pago de 3 facturas del año 2011.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir asistiendo al cruce de reclamaciones entre la contrata y el Ayuntamiento?”, se ha preguntado la regidora, quien ha añadido que desde Esquerra Unida, “consideramos que lo más grave es que estamos hablando de una contrata que se ha mantenido en el tiempo, pese a sus múltiples incumplimientos contractuales, los cuales han llevado a interponer al Ayuntamiento sanciones que alcanzan el medio millón de euros”.

Para la edil, “es vergonzoso que los tribunales vuelvan a condenar al Ayuntamiento por retrasos en el pago, porque en definitiva estos 41.000 euros que pagamos por este incumplimiento se podrían destinar a cubrir otras prestaciones mucho más necesarias”.