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Investigadores de la Universitat de Valencia analizan las causas del hundimiento de Bankia

    El artículo "Bankia: ¿para qué sirven los estados contables y los órganos de control?", de los profesores José Manuel Pavía (Universitat de València) Salvador Climent (Universidad Internacional de la Rioja, antiguo profesor de la Universitat de València) y, que aparece publicado en la revista "Estudios de Economía Aplicada", anticipó los resultados que se desprenden del informe de los peritos del Banco de España en el caso Bankia.
     
    El artículo, finalizado por los investigadores de la Universitat de Valencia en el verano de 2013, indaga en las causas del acontecimiento de dimensión socio-económica más importante ocurrido hasta la fecha en el sistema financiero español: la intervención de Bankia. Entre 2010 y 2012 BFA-Bankia declaró pérdidas de más 36.000 millones de euros. Esto representa el 3.5% del PIB español, el doble de los fondos propios de las 7 cajas que constituyeron Bankia o el 13,5% de sus activos totales.
     
    En el trabajo realizado por los profesores Climent y Pavía, que se lleva a cabo a través un benchmarking con las dos entidades más cercanas en tamaño a Bankia (La Caixa y BBVA), los autores señalan la necesidad de poner medios que ayuden a reducir la falta de información y a evitar la manipulación de ingresos y gastos. De hecho, como señalan los profesores Climent y Pavía en el último párrafo de su investigación, “los problemas detectados [en Bankia] podrían explicarse por alguno (o una combinación) de los siguientes motivos: (i) ocultación de pérdidas de préstamos en mora; (ii) no actualización de los activos al precio de mercado; o, (iii) exceso de provisiones.
     
    Aunque cada una de las posibles explicaciones supondría un grave problema de comportamiento y sería moralmente reprobable (si no legalmente punible), uno de los mayores problemas a nuestro juicio reside en que el ejercicio en que se acumularon la mayor parte de pérdidas no declaradas sirvió de información para realizar una OPS y una ampliación de capital en la que se obtuvo una financiación de más de 4.000 millones de euros (3.092,1 millones en la OPS del 15/7/11 y 1.155,0 millones en la ampliación de capital por conversión voluntaria de preferentes del 2/4/12), que en este momento no tienen ningún valor. Todo ello con el respaldo del Consejo de Administración de la entidad, de la empresa auditora Deloitte, del Banco de España, del Ministerio de Economía español, de la CNMV, de la Comisión Europea y de la EBA.”
     
    En concreto, a la luz del análisis de las cuentas anuales de 2011 y 2012 de Bankia los autores infieren que hubo un afloramiento masivo de pérdidas producidas en años anteriores que no se habían reflejado en la contabilidad de las cuentas que se presentaron para la OPS, y que aunque la diferencia de valor de estos activos respecto de las entidades de comparación es muy significativa, éstas no justifican los 36.000 millones de las pérdidas afloradas en los dos años siguientes. Durante el año 2012, las cuentas de deterioros se multiplicaron por tres (o más veces) que las de otras entidades. Del estudio se concluye que los problemas detectados en Bankia pudieron ser causados por: (i) una ocultación de pérdidas de préstamos en mora; (ii) la no actualización de los activos al precio de mercado; o, (iii) un exceso de provisiones.
     
    En cuanto a las dos primeras causas, los autores apuntan que no debería de haberse producido, ya que la fusión se realizó por el método fresh starting, que se caracteriza porque se realiza una valoración por expertos independientes de todo el activo y pasivo a valor razonable (precio de mercado). La aplicación de este sistema llevo a minorar en más de 8.000 millones de euros los fondos propios del conjunto de las siete cajas. Por lo que no deberían de existir divergencias, ni positivas ni negativas, entre el valor contable y de mercado en el balance inicial del nuevo grupo a 1 de enero de 2011. Lo que hace injustificable las pérdidas que Bankia-BFA declaró en sus cuentas anuales de 2011 y 2012. Sin embargo, por ejemplo, el cambio de criterio contable en las cuentas de 2011 respecto a las de constitución de la entidad motivó la disminución de los fondos propios del BFA en más de 7.000 millones, sin cambiar ninguna situación fundamental. Esta circunstancia junto con la reformulación de las cuentas anuales precipitó la intervención del BFA y la expulsión como socios de las cajas de ahorro fundadoras.
     
    En cuanto a la tercera causa, el cambio de CEO, junto al de todo el consejo de administración, pudieron servir de estímulo para la manipular las cuentas anuales, sobre todo en cuanto al exceso de deterioros aplicados en las cuentas reformuladas, adelantando pérdidas que no son realistas. Esto podría dar a entender que se pudiera estar fraguando un big bath en el que se presentan unos resultados mucho peores de los que son en realidad, para así mejorar los de los siguientes ejercicios, coincidiendo con el cambio de presidencia del grupo. Una muestra de ello serían las plusvalías extraordinarias de 284 millones de euros obtenidas en el primer semestre de 2013 con la venta del City Bank, de la participación en IAG, Finanmadrid, e incluso con la venta de Deoleo a 0,38 céntimos la acción. Con este mismo precio de venta, 0,38€ por acción, Unicaja hubiera tenido unas minusvalías del 28% a pesar de las condiciones totalmente desfavorables del mercado y de la entidad.
     
    El más perjudicado por todas estas prácticas no habría sido el estado español, como podría esperarse por la inyección de fondos públicos que realizó a la entidad para recapitalizarla mediante el FROB, sino que los más perjudicados serían las 7 cajas que conformaron el SIP y los propietarios accionistas noveles que acudieron a la OPS de julio de 2011 y que perdieron toda su inversión. Como corresponsables junto a la entidad estarían la empresa auditora Deloitte, que auditó y avaló las cuentas; los expertos independientes, que valoraron los activos y pasivos del SIP mediante fresh starting; la CNMV, que aceptó y publicó el folleto de salida a bolsa; el BdE y el Ministerio de Economía español, que refrendaron las cuentas, la solvencia y la salida a bolsa; la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE) y el Consejo Europeo de Riesgo Sistemático (ESRB), que dieron solvencia y avalaron las cuentas de BFA-Bankia el último día de la OPS; la presidencia del Gobierno de España, que publicitó a Bankia en el debate sobre el estado de la nación; y, el nuevo CEO y Consejo de administración por el big bath (exceso de provisiones).
     
    Como ejemplo de la responsabilidad del supervisor se pueden citar las siguientes referencias:
     
    a)    Hecho relevante publicado el 15 de julio de 2011 (último día del periodo de solicitudes vinculantes de suscripción de la OPS) en la CNMV “La Autoridad Bancaria Europea (EBA), en colaboración con el Banco de España, el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE) y el Consejo Europeo de Riesgo Sistemático (ESRB), han expuesto a BFA–BANKIA a las pruebas de resistencia europeas de 2011 (…) Como resultado del escenario planteado, el Core Tier 1 Capital ratio de BFA-Bankia se sitúa en 5,4% bajo el escenario adverso en el 2012. Esto significa que el grupo BFA–BANKIA supera el umbral mínimo de capital establecido a los efectos del ejercicio de estrés (…) Por tanto, la situación de partida de BFA–Bankia es consistente con las exigencias de capitalización que establece la EBA y la OPS permitirá mejorarlas sustancialmente. Con la inclusión de las provisiones colectivas, el ratio core capital en el escenario adverso es del 6,5%, que es el resultado de las pruebas de resistencia al que damos valor”.
     
    b) Nota de prensa del Banco de España de 21 de julio de 2011: “El Banco de España valora muy positivamente las salidas a Bolsa de CaixaBank, Bankia y Banca Cívica por cuanto suponen, cuantitativa y cualitativamente, un avance fundamental en la reforma de las cajas de ahorro y en el cumplimiento de las exigencias impuestas a las entidades de crédito por el RDL 2/2011, convalidado el pasado marzo por el Parlamento español.”
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