Compromís presenta una moción para destituir a cualquier imputado por corrupción
Ante la creciente preocupación ciudadana por los escándalos de corrupción, el Grupo Municipal presentará una nueva propuesta en el próximo Pleno de diciembre del Ayuntamiento de Valencia. Como ha dicho en rueda de prensa el portavoz, Joan Ribó: “en Compromís estamos escandalizados por la corrupción y lo hemos demostrado con las múltiples iniciativas que hemos propuesto en este Ayuntamiento. Hasta cuatro propuestas en los últimos meses, que ahora completamos con una moción para aprobar una Ordenanza municipal que establezca las medidas que tiene que adoptar el consistorio cuando haya una imputación formal de un miembro de la corporación municipal por un supuesto caso de corrupción: queremos que las manzanas podridas sean apartadas de la cesta inmediatamente”.
Compromís propone que cualquier regidor imputado por corrupción sea apartado de cualquier representación del consistorio, tanto en órganos colegiados de gobierno, como en consultivos, patronatos, entes o fundaciones. Si el regidor imputado forma parte de la Junta de Gobierno Local o es teniente de alcalde o regidor delegado de Área de Gobierno se procederá a su revocación inmediata, y si se trata del alcalde o alcaldesa, tendría que delegar en el vicealcalde todas sus competencias, salvo las que sean indelegables. Además, Compromís propone que el imputado pase a no percibir sus retribuciones; que únicamente se le pague por las asistencias al Pleno o comisiones.
Para Ribó, “no podemos consentir que presuntos corruptos se paseen tranquilamente por las instituciones de representación ciudadana, y en esto nos tenemos que implicar todos. Por eso hemos trasladado esta moción al resto de grupos de la oposición y también al PP. Esperamos que todos estén de acuerdo en votar a favor”.
La propuesta de Compromís de apartar los regidores imputados por corrupción se haría efectiva desde el mismo momento de la imputación hasta que se archive la causa, se sobresea o haya una condena. Se tendría que tratar de delitos contra la Administración Pública, como son la prevaricación, revelación de secretos, soborno o cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, negociaciones prohibidas con funcionarios y abusos en el ejercicio de su función, u otros delitos tipificados en el código penal como apropiación indebida, blanqueo de capitales, estafa, o falsedad documental.
