EU exigirá al PP el cumplimiento del pago de las obligaciones tributarias para la ocupación de dominio público por parte de las entidades financieras
Albert: ”En el mes de junio la deuda de los bancos con el Ayuntamiento de Valencia por impuestos y tasas municipales ascendía a 400.000 euros”
La concejala del grupo municipal de Esquerra Unida, Rosa Albert, ha exigido al equipo de gobierno del PP, el cumplimiento de la nueva ordenanza de ocupación del dominio público en lo relativo al cumplimiento “por parte de las personas físicas o jurídicas que soliciten autorización para ocupar el dominio público u opten a una concesión demonial, de estar al corriente en los pago al Ayuntamiento por cualquier concepto , no pudiendo tener deudas de ninguna naturaleza que se encuentren en período ejecutivo”. Albert ha recordado que hasta el año 2013, los cajeros automáticos que ocupaban dominio publico no estaban sometidos al pago de ninguna tasa, si a esto le unimos que la deuda de las entidades financieras con el Ayuntamiento de Valencia, lejos de disminuir va aumentando año tras año, nos encontramos con que si se aplica la ordenanza muchos de estos cajeros deberían ser clausurados al incumplir una normativa municipal.
El pasado mes de junio, a través de la respuesta facilitada por el concejal de Hacienda, Silvestre Senent, a una pregunta planteada en el Pleno, EU informó que la deuda tributaria que mantienen las entidades financieras con el Ayuntamiento de Valencia, a 20 de junio de 2014, en concepto de impuestos y tasas municipales relativa a los ejercicios 2011, 2012 y 2013 ascendía a un total de 399.171 euros. Desglosados los datos por impuestos y tasas se observaba que lo que más deben los bancos procede del Impuestos sobre Bienes Inmuebles, es decir, el IBI, cuya cantidad pendiente de abono de los tres ejercicios ascendía a un total de 196.960 euros.
El siguiente impuesto con un importe más elevado por detrás del IBI se encuentra el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y del que deben las entidades financieras un total de 136.259 euros. Si diferenciamos este impuesto por años podemos observar que de dicha cantidad 8.957 euros corresponden al año 2011, 89.905 euros de 2012 y 37.397 del pasado ejercicio.
En una proporción menor encontramos el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU o Plusvalía), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), la Tasa de entrada de vehículos (Vados), la Tasa de Licencias Urbanísticas (LU) y, por último, la Tasa por Derribo (DR).
Con respecto a la Plusvalía, la cantidad total que deben los bancos al Ayuntamiento de Valencia es de 50.888 euros, de los cuales 277 euros son de 2012 y 50.611 euros de 2013. La cantidad del ICIO asciende a 10.779 euros, es decir, 7.613 euros de 2012 y 3.166 euros de 2013. Si nos referimos al Impuesto de Vehículos todavía se encuentran pendiente de abono 221 euros de 2011, 462 de 2012 y 515 de 2013, haciendo una suma de 1.198 euros, mientras que por Vados la cantidad es de 1.069 euros procedentes de 2013 y de Licencias Urbanísticas la cifra total de 2012 y 2013 es de 905 euros. Por último, procedente de la Tasa de Derribo todavía existe una deuda de 849 euros. El desglose de dicha deuda total por años asciende a 17.830 euros en 2011, 159.933 de 2012 y 221.408 de 2013.
Preguntas al Pleno
Ante estas cifras, la concejala de la formación de izquierdas ha anunciado que van a plantear una batería de preguntas al Pleno del mes de septiembre para saber cuáles son las diferentes medidas que se están aplicando para garantizar el cumplimiento de los requisitos para poder ocupar dominio público municipal.
Desde EU, “entendemos que se debe garantizar y poner a disposición todas las herramientas que flexibilicen y se adapten a las necesidades de los colectivos más vulnerables para que puedan cumplir con las distintas normativas que les puedan ser de aplicación, pero en este caso, no existe ninguna justificación para que por un lado se exija el pago de estas cantidades que se deben y por otro se haga cumplir la normativa, ya que de lo contrario se estaría permitiendo una situación absolutamente injusta y discriminatoria “ha concluido Albert.
