Condenado el grupo que introdujo cocaína en España por valor de dos millones de euros
Los acusados, dos hombres nigerianos, un senegalés, un liberiano y un beninés, que hasta la celebración del juicio han cumplido prisión provisional por esta causa, han sido condenados, además, a multas que van desde los 600.000 a los 800.000 euros.
Los hechos juzgados se remontan a marzo de 2007, cuando la Guardia Civil del Servicio Fiscal y Aeroportuario de Madrid investigó "por sospechoso de contener sustancias estupefacientes" un envío de veintidós bultos y 528 kilos de peso que llegó al aeropuerto de Barajas procedente del Perú y que, según una etiqueta en su exterior, decía contener "productos de artesanía".
Un juzgado de Instrucción de Madrid autorizó la entrega controlada del paquete en una operación organizada por la Guardia Civil.
Ese mismo mes, uno de los procesados viajó a Barajas acompañado de otras personas para recoger el paquete, pero no se lo entregaron.
Posteriormente, alguien llamó a la Agencia de Aduanas y pidió que se entregara la mercancía en un número determinado de la calle de San Vicente Mártir de Valencia e indicó un teléfono de contacto, que resultó ser de otro de los acusados.
La detención se produjo cuando, dieciocho días después, tuvo lugar la entrega de la mercancía en el punto indicado, donde, según la acusación particular, uno de los procesados recogió el paquete mientras otros dos "vigilaban la zona" y un cuarto "estaba muy cerca" del resto.
En el momento de la detención, los cuatro sospechosos llevaban consigo efectos que les implicaban "de uno u otro modo" en los hechos.
El quinto procesado, el hombre que había acudido al aeropuerto de Madrid a recoger la mercancía y que había pagado en Aduanas los gastos de tramitación para la entrega de la misma, fue detenido un mes y medio después.
El Ministerio Público pedía para uno de los acusados una condena de trece años de prisión por un delito contra la salud pública en su modalidad de "introducción en el territorio nacional de drogas que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia", con la agravante de reincidencia, y también solicitaba que se le impusiera una multa de un millón de euros.
Para los otros cuatro procesados, la pena solicitada por el fiscal era de once años de prisión y 900.000 euros de multa.
Las penas señaladas por el fiscal han quedado rebajadas por el tribunal al considerar éste que, al tratarse de delitos en grado de tentativa, se debe imponer una pena "inferior en uno o dos grados" a la señalada para los delitos consumados.
