EU: "Una sentencia del TSJCV condena al Ayuntamiento por cesión ilegal de trabajadoras"

La concejala del grupo municipal de Esquerra Unida, Rosa Albert, ha calificado como “gravísima y bochornosa” la sentencia que condena al Ayuntamiento de Valencia por despido improcedente al haberse probado una cesión ilegal de trabajadoras. La edil, que ha tenido acceso a este fallo y cuyo consentimiento y cumplimiento ha sido aprobado hoy por la Junta de Gobierno Local, ha asegurado que esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que confirma una sentencia del Juzgado de lo Social, desmonta la teoría del PP al desligarse de las actuaciones que realicen las contratas de los servicios privatizados. “El Ayuntamiento tiene una responsabilidad y la sentencia lo demuestra y, por tanto, esto crea un precedente muy importante”, ha asegurado.

Los hechos se remontan al año 2004 cuando el Ayuntamiento contrata con Dervec Gestión Integral Habitat S.L. la prestación del servicio de información y asesoramiento para jóvenes relativo al acceso a viviendas y en el año 2006 el servicio de información y gestión de la hipoteca joven. En el 2008 el objeto de la contratación pasó a ser la prestación del servicio de información y asesoramiento para jóvenes relativo al acceso a viviendas en alquiler o propiedad y la gestión de la hipoteca joven.

Sin embargo, el 30 de septiembre de 2012 la contrata les comunica a las cuatro trabajadoras que desempeñaban esta labor el cese de sus contratos bajo la alegación de finalización del mismo por fin de la obra o servicio para la que fueron contratadas, decisión que fue denunciada por las afectadas alegando que fueran declarados los despidos como improcedentes y que se les abonaran las nóminas que les adeudaba la contrata.

No obstante, “el Ayuntamiento desestima la petición alegando que no tiene ninguna responsabilidad en el abono de las mismas por no tener relación laboral con las trabajadoras, argumentación que tumba el TSJCV”. Según se indica textualmente en la sentencia, “estos contratos sirvieron de cobertura a los contratos temporales que Dervec suscribió con las demandantes que, pese a la causa consignada en los mismos prestaban servicios tanto en la oficina de vivienda joven como en la de hipoteca joven como en el registro de demandantes de vivienda de protección pública y actuaban como agentes de la ‘Red Alquila’”.

Asimismo, el fallo del TSJCV declara probado que las trabajadoras “prestaban servicios en los locales de la Concejalía de Juventud utilizando cuentas de correo, una aplicación informática y el servicio de SMS que le proporcionaba el Ayuntamiento y que quien daba las instrucciones a las trabajadoras adscritas a la contrata era el personal del Ayuntamiento concurriendo, por tanto, las circunstancias para que se condene al Ayuntamiento por una cesión ilegal de trabajadores”. Ahora las trabajadoras van a poder pedir la condición de indefinidas en la empresa o el Ayuntamiento a la hora de determinar el importe de la indemnización por despido improcedente.

Improcedencia de los despidos

En definitiva, “se declaran improcedentes los despidos y, por lo tanto, tienen que pagarles a las trabajadoras los salarios dejados de percibir desde 2012 hasta la actualidad y, además, se les condena a pagar 17.281 euros debido al recargo por mora, a que las readmitan y, en el supuesto caso de que no suceda esto, como adquieren la condición de indefinidas, las tienen que indemnizar por despido improcedente por un importe de 55.211 euros”, ha resumido Rosa Albert, quien ha añadido que otro dato a tener en cuenta es que la contrata, además, fue sancionada por parte de la Inspección de Trabajo en julio de 2011 por diferencias de cotización en los salarios.

Es decir, “no sólo privatizamos los servicios sino que hacemos dejación absoluta del control que como administración tenemos la obligación de prestar y, por tanto, estamos ante un caso más de cómo una empresa que percibe dinero público conculca derechos de los trabajadores como en este caso es la falta de pago de las nóminas, despidos improcedentes así como el incumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social y todo ello bajo el conocimiento del Ayuntamiento”, ha declarado la concejala.

Asimismo, para Albert la sentencia desmonta la teoría del PP de desligarse de las actuaciones que realicen las contratas de los servicios privatizados. “El Ayuntamiento tiene una responsabilidad y la sentencia lo demuestra y esto crea un precedente”, ha asegurado la edil, quien ha instado al equipo de gobierno a abrir una reflexión sobre el modelo privatizador que está aplicando y sobre las consecuencias del mismo.

“Hemos sido condenados por cesión ilegal de trabajadores, hecho muy grave que ha llevado a la condena por despido improcedente así como al abono de los salarios que indebidamente dejaron de percibir estas trabajadoras. Esperamos que esta sentencia sirva para que el equipo de gobierno realice a partir de ahora una labor de control de todas las empresas que ofrecen los diferentes servicios municipales”, ha concluido la concejala.