EU: "El gobierno Central deja claro a Barberá que adecúe el PEPRI a la Orden del Ministerio y evite los derribos"
El portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, ha afirmado que las respuestas que el gobierno central ha dado a las preguntas presentadas por el diputado d’EUPV-Els Verds en el Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, sobre la retirada del recurso de inconstitucionalidad por parte del gobierno central contra el Decreto Ley 2/2010, de 31 de marzo, de la Generalitat, de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia “son una desautorización en toda regla a cualquier pretensión por parte del gobierno local a prolongar la avenida Blasco Ibáñez, así como a actuar en cualquier parte del barrio a través de derribos y nuevas construcciones”. De hecho, -ha añadido el edil- se afirma en dicha respuesta que este paso se da “no para validar ninguna acción que pueda desarrollar el PEPRI actual si no para adecuar éste a la orden ministerial y, por tanto, no actuar de ninguna forma que pueda suponer delito de expolio”.
Sanchis ha añadido que es por ello por lo que, tal y como deja claro en su escrito el gobierno central, “la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez ya es pasado” y, por tanto, “sólo tiene cabida la rehabilitación de la trama urbana, la licencia para recupera edificios y la concesión de licencias de actividad económica”. El edil ha afirmado que el grupo parlamentario de IU, a través de su diputado por Valencia, Ricardo Sixto, continuarán pidiéndole al gobierno central “que actúe en consecuencia con sus decisiones y desautorice cualquier actuación que en este sentido realice el gobierno de Rita Barberá que contradiga lo expuesto en la respuesta dada”.
De hecho, el concejal de la formación de izquierdas ha recordado que el pasado 26 de diciembre Esquerra Unida ya denunció que el equipo del gobierno popular había aprobado por Junta de Gobierno Local el anticipo de la cantidad de 343.000 euros a AUMSA para la adquisición de un inmueble ubicado en la calle La Reina, 117 para el desarrollo del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar.
“Estamos hablando que sólo entre 2012 y 2013 han sido 5 los millones de euros que el gobierno de Rita Barberá ha invertido en la compra de casas en el Cabanyal, hecho que se hacía a partir de la creencia de que el gobierno de Marino Rajoy iba a anular la orden ministerial”, ha asegurado el portavoz municipal, quien ha añadido que, sin embargo, “esto no sólo no ha sido así si no que el gobierno central se sitúa, como no podría ser de otra forma, del lado de su propia legalidad manteniendo la orden del Ministerio y exigiendo a la Generalitat que derogue el Decreto Ley 2/2010, de la Generalitat, de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia”.
