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Sarrià denuncia que un edificio municipal con 31 VPP de Velluters no tiene licencia de ocupación

Sarrià denuncia que un edificio municipal con 31 VPP de Velluters no tiene licencia de ocupación
  • Los socialistas consideran que es "muy mal ejemplo incumplir la legalidad"

El concejal socialista Vicent Sarrià ha denunciado hoy que el edificio de viviendas construido por AUMSA en la calle Triador 11 del barrio de Velluters, está ocupado desde marzo de 2011 sin haber obtenido la licencia de primera ocupación.

El edificio, con 31 viviendas de promoción pública funciona en régimen de alquiler y los inquilinos pudieron contratar los suministros de luz, agua y teléfono con el documento de calificación definitiva que otorga la Generalitat, pero tal como ha manifestado el concejal socialista, el Ayuntamiento no ha otorgado a AUMSA la licencia de primera ocupación.

A cualquier constructor, ha comentado el concejal, no se le otorga licencia de obras si previamente no ha cedido al Ayuntamiento los viales del entorno, pero en este caso AUMSA recibió la licencia de obras condicionada a que con carácter inmediato entregara al Ayuntamiento el suelo correspondiente a estos viales y el jardín construido delante del edificio en la calle de Recaredo.

Tras dos años ocupándose las viviendas, AUMSA no ha cumplido con este requisito, además de existir problemas en la obra de urbanización principalmente al alumbrado y por tanto el Ayuntamiento no le puede otorgar la licencia de primera ocupación.

Esta licencia, ha matizado el concejal, es imprescindible otorgarla antes de ocupar un edificio, ya que es la que da conformidad a todos los aspectos de urbanización del entorno, medidas de seguridad y cumplimiento de los estándares de calidad, comprobándose que la obra ejecutada se ajusta a la licencia concedida.

Sarriá ha recordado que en la construcción de este edificio, la empresa municipal AUMSA invirtió más de 4 millones de euros, y ha recibido numerosas quejas de los inquilinos por defectos en la obra.

El concejal socialista ha exigido al Gobierno Municipal una mayor diligencia en el control de la legalidad de las edificaciones, y más en este caso en el que se trata de una obra de vivienda pública, donde se debería dar ejemplo en el cumplimiento de la normativa urbanística.

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