Sanchis: "Una nueva sentencia contra el Ayuntamiento confirma el fracaso de la política urbanizadora del PP basada en agentes privados"

El portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, ha reivindicado hoy nuevamente que sea la empresa municipal AUMSA la que se encargue de finalizar todos aquellos Programas de Actuación Integrada que se encuentran sin acabar al considerar que la gestión urbanística llevada a cabo durante años por el PP no es la más adecuada. Y prueba de ello es una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que falla contra el Ayuntamiento y estima parcialmente el recurso planteado por una empresa propietaria de unos terrenos dentro del PAI que desarrolla la Unidad de Ejecución del Plan de Reforma Interior Hermanos Maristas-General Urrutia y en la que demandaba que el Ayuntamiento de Valencia instase al Agente Urbanizador de dicho PRI a terminar las obras y que se iniciase expediente para analizar las causas del retraso e imponer sanciones, si procediera.

Esta nueva sentencia entiende que la fecha límite de finalización de las obras era junio de 2006 pero por causas de fuerza mayor podría prorrogarse, aunque nunca debía haber sobrepasado la fecha de enero de 2008. Sin embargo, “cuando se inicia el procedimiento, el plazo máximo ha sido sobrepasado al no constar solicitud de prórroga ni suspensión de ningún tipo”, ha asegurado el edil.

Finalmente, el TSJCV concluye que tanto el agente urbanizador como el Ayuntamiento tienen responsabilidad en cuanto a la solicitud de prórroga. ”No es de recibo solicitar una prórroga de dos años después de finalizado el plazo, entre otras cosas, porque existen dos años que han quedado en el limbo”, según dice literalmente la sentencia.

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia indica que el propio Ayuntamiento “entra en contradicción con la postura que mantiene en el proceso” y añade que cuando se inicia el expediente administrativo, “tanto el Ayuntamiento como el agente urbanizador debían haber regulado la situación en que quedaban los plazos y, por tanto, siguiendo los informes del Director Técnico del Agente Urbanizador como los de los Servicios Municipales, se tenía que haber realizado una nueva programación temporal de las obras, máxime siendo conscientes que la parte apelante podía tener su actividad económica paralizada en las parcelas conectadas con el PAI.”

El portavoz municipal ha recordado que el PRI de Hermanos Maristas-General Urrutia del PGOU de Valencia se aprobó en 2002. En ejecución de ese PRI, el Ayuntamiento resolvió adjudicar el programa para su gestión indirecta a la mercantil ‘Iniciativas Valencianas S.A.’ Posteriormente, se aprobó la cesión de dicha condición a Urbanizadora ‘Quatre Carreres S.L.’.

En 2002, el convenio entre Ayuntamiento y ‘Quatre Carreres S.L.’ estipulaba plazos de ejecución que se han incumplido. En 2003 se aprueba el Plan Parcial del sector en dos unidades de ejecución y en enero de este mismo año el propio concejal de Urbanismo, Alfonso Novo, informó en la comisión que hacía meses que estaba preparada la propuesta de resolución de adjudicación de los tres programas, pero que se había paralizado por el compromiso del agente de acabar la urbanización en el mes de abril, “cosa que no ocurrió”, ha señalado el concejal de la formación de izquierdas.

En marzo de este año, el juez ordena la disolución de la Urbanizadora, que se encontraba en concurso de acreedores desde 2011. “Lo cierto es que, una vez más, las consecuencias de todo ello las padecen los ciudadanos y ciudadanas ya que el PAI contemplaba la construcción de unas 1.500 viviendas, un porcentaje de las cuales de VPP, otros suelos grafiados como escolares en los que estaba previsto la construcción de la nueva Escuela de Oficial de Idiomas y otra para un IES donde, finalmente, se proyectó la fallida Torre de la Música. Además de los 12.000 metros cuadrados de suelo del parque deportivo en manos de los propietarios iniciales, dejando, por tanto, de ser propiedad municipal la parcela”, ha concluido Amadeu Sanchis.