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Un informe de los administradores indica que la recalificación daría viabilidad al Levante

    Los administradores concursales del Levante UD consideran que un plan de viabilidad que contemple la recalificación de los terrenos del estadio Ciudad de Valencia y la construcción de un nuevo campo "posibilitaría la viabilidad empresarial y el cumplimiento del plan de pagos que se proponga a los acreedores".

    Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, esta es una de las conclusiones que aparece en el informe que la administración concursal ha presentado hoy en el Juzgado Mercantil número 2 de Valencia.

    "Teniendo en cuenta la importancia y arraigo del club, la importancia de su continuidad es evidente, por lo que el planteamiento de un convenio a los acreedores, sustentado en un plan de viabilidad que tenga en cuenta la recalificación, construcción de un nuevo estadio y equilibrar su cuenta de resultados, posibilitaría la viabilidad empresarial y del plan de pagos", se señala.

    En el documento se indica que la actual situación patrimonial del club es deficitaria, con una masa activa de 59'9 millones de euros, una masa pasiva (acreedores) de 84 millones y créditos por valor de 4'5 millones, por lo que el importe de la masa activa inventariada es inferior en 28,5 millones de euros a las deudas totales.

    "Dicho déficit se vería incrementado, en el supuesto de liquidación, como consecuencia de la depreciación que siempre lleva implícita la realización forzosa de activos", añaden los administradores.

    "Desde el inicio de la intervención, esta administración concursal ha insistido en la necesidad de acoplar el gasto a los ingresos ordinarios", según el citado informe, que recoge además la conformidad expresa "a todos los contratos con jugadores nuevos, entrenador y equipo técnico".

    Asimismo, se subraya que "en todos los casos se ha incluido una indemnización a favor del club en caso de resolución del contrato por parte del jugador que varía entre los tres millones de euros si va a jugar en Segunda División o hasta cinco millones de euros si juega en Primera, llegando en algún caso a los diez millones de euros".

    Por otra parte, advierte que "si el Consejo Superior de Deportes hubiera exigido a las SAD que remitieran la información semestral y anual, a lo que legalmente están obligadas y hubiese analizado la información recibida, fácilmente podrían haberse detectado situaciones de desequilibrios patrimoniales, pérdidas continuadas y endeudamientos en continuo crecimiento".

    "No nos consta que ni el CSD de oficio, ni a petición de la LFP se haya exigido el sometimiento de ninguna SAD a la auditoría complementaria que establece la ley. Y el Levante UD, SAD no ha cumplido durante los últimos años con la obligación de remitir al CSD la información semestral ni anual, ni nos consta que dicho organismo las haya exigido formalmente", señalan.

    Y añaden que: "si se hubiese exigido la realización de dichas auditorías entendemos que podría haberse conseguido detectar con la suficiente antelación los riesgos de insolvencia y que la competición deportiva no se vea afectada por el desequilibrio que representan los clubes mal administrados y con deudas que no pueden soportar".

    La carencia de una gestión "coherente" por parte de los administradores de las SAD, así como la "dejadez" de los organismos competentes para ejercer el control que legalmente les correspondía, ha generado crisis económicas importantes en determinadas SAD, según el informe de la intervención concursal.

    El TSJCV indica además que el juzgado tendrá que publicar en el BOE y en el periódico de mayor difusión el hecho de la presentación de este informe para que sea conocido por todos los acreedores del club de fútbol, que dispondrán de un plazo de diez días para presentar impugnaciones.

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