Compromís reclama a la Agència Valenciana de la Mobilitat que evite el cierre de las líneas de la EMT a las poblaciones del área metropolitana de València
Compromís denuncia que el último año el concejal Novo, presidente de la EMT, "se ha dedicado a desmantelar y precarizar el servicio de transporte en toda la ciudad pero especialmente en las poblaciones del área metropolitana de València, ante la pasividad de la Agencia Valenciana de Movilidad, que tiene el deber de asumir la gestión de los transportes metropolitanos. La creación de la AVM responde a la necesidad de un ente supramunicipal que en materia de transportes metropolitanos coordine y gestione los diferentes modos de transportes. El AVM, como se puede leer en su web, tiene amplias competencias: "La Agencia es, por tanto, un instrumento esencial para la articulación y vertebración de la movilidad metropolitana en la Comunitat, con capacidad para actuar sobre los instrumentos de planificación y gestión del transporte público...""
En palabras del portavoz de Joan Ribó, "exigimos a la AVM que gestione el transporte metropolitano ante el ataque que está sufriendo por la dirección de la EMT, que está perjudicando a decenas de miles de valencianos que ven desaparecer el transporte público en su municipio". Desde la coalición de izquierdas, ecologista y valencianista quieren resaltar "que infringen los compromisos adquiridos que se derivan de la adhesión de València a la Semana Europea de la Movilidad que se desarrollará del 16 al 22 de septiembre. Es una costumbre consolidada del concejal Novo apuntar para cumplir el expediente, pero sin organizar las actividades pertinentes, ni siquiera cumplir con los compromisos de promover e incrementar el transporte público para que disminuya el uso del coche privado", añadió Joan Ribó.
Compromís también denuncia "las condiciones draconianas que la EMT ha impuesto a los Ayuntamientos de Mislata, Vinalesa y Alboraia, que en la práctica han sido inasumibles por las exorbitantes cantidades, cercanas a los 500.000 euros en Mislata para mantener el servicio de autobuses. Contrastan con la manga ancha y benevolencia que se ha mostrado hacia los Ayuntamientos de Paterna y Tavernes Blanques, con los que ha llegado a acuerdos con cifras cercanas a los 30-35.000 euros, mientras que en Alboraia les pide 140.000 euros", explica Ribó. "Qué casualidad que en Paterna y Tavernes Blanques gobiernan alcaldes del PP, mientras que en Alboraia, Vinalesa y Mislata no son de su partido".
Joan Ribó denuncia que "esta intolerable actitud partidista, que pone de manifiesto que la cuestión no es económica, y que responde más a intereses del PP de castigar a alcaldes de signo político contrario que plantear una racionalización económica del servicio de autobuses. Al final los castigados son los ciudadanos que pierden un servicio fundamental. Castigo que se extiende en la misma ciudad de València, que recibirá más coches a raíz de la pérdida del servicio de este transporte público", declaró finalmente Joan Ribó.
