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Más de 80 católicos pakistaníes huyen a Valencia tras ser amenazados por su fe

  • Participan en actividades pastorales en parroquias valencianas

Más de 80 católicos pakistaníes residen en la actualidad en Valencia, después de haber huido de su país natal ante las continuas amenazas por profesar la fe cristiana, según informa en su último número el semanario diocesano PARAULA.

La mayoría de ellos, acogidos como refugiados religiosos, participan en las celebraciones de la parroquia de San Eugenio y Santa Inés de Valencia, así como en diferentes actividades pastorales, según el párroco José Vicente Morató. Otros refugiados forman parte de la feligresía de San Miguel de Soternes, en el mismo barrio valenciano de L'Olivereta.

Además, algunas de las familias participan también en los grupos del Itinerario Diocesano de Renovación (IDR) que se desarrolla en la actualidad en Valencia, promovido por el arzobispo, monseñor Carlos Osoro.

Entre los acogidos se encuentra el matrimonio formado por Jamshed y Marina, de 33 y 29 años de edad, que llegaron hace cinco años en Valencia “tras ser acusados de blasfemia por entender que enseñaban ideas contrarias al Corán”, según publica en su último número el periódico PARAULA, donde Jamshed asegura que su delito fue “dar charlas” en la Cáritas de la ciudad de Lahore sobre derechos de las mujeres y de los niños.

En la actualidad residen, en uno de los dos pisos que la parroquia de San Eugenio ha destinado a la acogida de familias refugiadas. Desde que salieron de su país no han podido regresar ni ver a su familia. Jamshed asegura que “es duro, pero poco a poco voy comprendiendo que la misión que Dios quiere para mi es que esté aquí, en Valencia, dando mi testimonio para que otros puedan conocer lo que pasa en mi país”.

En los últimos seis años, se ha registrado en Pakistán un “notable incremento del número de ataques contra minorías religiosas en todo el país” por parte de grupos de islamistas radicales, según expone en su último informe sobre libertad religiosa en el mundo la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), vinculada a la Santa Sede. Los cristianos acusados de blasfemia sufren “marginación, vejaciones y, llegado el caso, cárcel y hasta muerte” sin necesidad de testigos, añade el informe.

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